Beltrán Milla: «La diversidad no es un “extra”, es una necesidad»

En el marco del Día Internacional del Trabajador -1 de mayo-, entrevistamos a nuestro director de Alianzas y Donantes, Beltrán Milla, quien nos explica la importancia del sector empresarial para la inclusión de las personas con síndrome de Down y los beneficios de la inserción laboral en empresas ordinarias entre otros asuntos.

¿Por qué es importante que las empresas se impliquen activamente en la inclusión de personas con síndrome de Down más allá del cumplimiento normativo?

Porque hoy las empresas trabajan en entornos cada vez más complejos, por proyectos y con equipos multidisciplinares. En ese contexto, la diversidad no es un “extra”, es una necesidad. Igual que incorporamos perfiles de distintas edades, culturas o formaciones, incluir a personas con discapacidad aporta nuevas miradas, enriquece la toma de decisiones y mejora la capacidad de los equipos para entender la realidad.

La inclusión, por tanto, no es solo una cuestión social, sino una palanca clara de competitividad, innovación y mejora de los equipos.

¿Qué beneficios obtiene una empresa al contratar a personas con síndrome de Down?

En primer lugar, hablamos de normalización. Cerca de un 8-9% de la población tiene algún tipo de discapacidad, por lo que las empresas deben reflejar esa realidad también en sus equipos.

Además, incorporar personas con discapacidad permite a la empresa entender mejor a ese colectivo, detectar oportunidades y desarrollar productos o servicios pensados para ese segmento, que es un mercado amplio y muchas veces poco explorado.

Y, por supuesto, están los beneficios internos. Las personas con síndrome de Down suelen destacar por su resiliencia, su compromiso y sus ganas de trabajar. Superan muchos retos a lo largo de su vida y eso se traduce en empleados responsables, constantes y que generan un impacto muy positivo en el clima laboral. De hecho, muchas empresas, una vez que los incorporan, los consideran perfiles altamente valiosos.

¿Y al colaborar con entidades como DOWN ESPAÑA en proyectos de inclusión?

Colaborar con entidades como DOWN ESPAÑA permite a las empresas hacerlo bien desde el inicio y con un enfoque estratégico. No se trata solo de incorporar personas, sino de diseñar procesos que funcionen, que generen valor y que sean sostenibles en el tiempo.

Acompañamos a las empresas en todo el proceso: desde la identificación de puestos hasta la adaptación, la formación de equipos y el seguimiento. Esto reduce incertidumbre y facilita que la inclusión no sea algo puntual, sino integrada en la cultura de la empresa.

Además, trabajamos mucho la parte previa a la incorporación. Desarrollamos actividades de sensibilización y formación tanto para equipos directivos como para managers que van a liderar equipos con personas con discapacidad. Y también para el conjunto de la plantilla, a través de distintas dinámicas de team building: actividades al aire libre, roleplays, escape rooms, etc.

Este tipo de acciones son clave, porque preparan a la organización y facilitan que, cuando llega la incorporación, se haga en las mejores condiciones posibles.

¿Cuáles son las formas más efectivas de colaboración entre empresas y organizaciones sociales en este ámbito?

Para nosotros, las alianzas son clave, y están muy alineadas con el ODS 17, que pone el foco precisamente en la importancia de la colaboración para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Sin esa colaboración entre el sector privado y las entidades sociales, es muy difícil avanzar de forma real en inclusión.

Las colaboraciones más efectivas son aquellas que se plantean como alianzas a largo plazo. Muchas veces comienzan con acciones puntuales, pero cuando funcionan, evolucionan y crecen, dando lugar a relaciones mucho más amplias y estratégicas.

Trabajamos con las empresas en distintas líneas: inserción laboral, sensibilización y formación, iniciativas de captación de fondos tanto con empleados como con clientes, y acciones de visibilidad a través de marketing con causa, campañas o colaboraciones pro bono.

Este tipo de alianzas no solo generan impacto económico, sino también un gran alcance en términos de sensibilización, ayudándonos a llegar a sus stakeholders y a visibilizar la inclusión de las personas con síndrome de Down, que es uno de los pilares de nuestra misión.

¿Podrías explicar qué son las medidas alternativas de la Ley General de Discapacidad y cuándo se aplican?

La Ley General de Discapacidad establece que las empresas de más de 50 empleados deben contar con al menos un 2% de personas con discapacidad en plantilla.

Cuando una empresa no puede cumplir con esta cuota por motivos justificados, puede recurrir a las llamadas medidas alternativas, que son otras formas de contribuir a la inclusión.

¿Qué tipos de medidas alternativas pueden desarrollar las empresas para cumplir con la ley?

De forma sencilla, las empresas que no cumplen con ese 2% deben optar por medidas como contratar servicios o comprar productos a centros especiales de empleo o realizar donaciones a entidades sociales que trabajen en inclusión.

En este sentido, DOWN ESPAÑA es entidad perceptora de este tipo de medidas. A través de ellas, no solo canalizamos esos recursos hacia proyectos de inclusión, sino que también acompañamos a las empresas en un primer paso para acercarse a la discapacidad.

Muchas veces, estas medidas sirven como punto de partida para que, poco a poco, la empresa vaya avanzando hacia la incorporación directa de personas con discapacidad.

¿Qué tendencias ves en la colaboración entre empresas y tercer sector para impulsar la inclusión?

Estamos viendo una evolución clara hacia modelos más estratégicos y orientados a impacto. Las empresas ya no solo quieren hacer, sino entender qué están generando y cómo medirlo.

También están creciendo las colaboraciones que van más allá del empleo, utilizando la capacidad de las empresas para influir en la sociedad —a través de campañas, productos o experiencia de cliente— para sensibilizar a gran escala.

Y, en paralelo, cada vez hay más interés por integrar la inclusión dentro de las políticas ESG, especialmente en la dimensión social.

¿Qué importancia tienen las alianzas para la inclusión?

Estamos en un momento clave. La inclusión ya no puede quedarse en una cuestión de cumplimiento o de intención, sino que debe formar parte de la estrategia de las empresas y traducirse en impacto real.

Las compañías tienen hoy una enorme capacidad de influir, no solo a través del empleo, sino también a través de su relación con clientes, proveedores y la sociedad en general. Si ponemos esa capacidad al servicio de la inclusión, el impacto se multiplica.

Además, estamos trabajando para poder medir ese impacto, especialmente en lo que supone la incorporación de personas con discapacidad en las empresas. El objetivo es poder contar con datos que nos permitan visibilizar y valorar de forma objetiva el valor que aportan estas personas cuando se incorporan y desarrollan su trabajo en una organización.

Y para que todo esto ocurra, es fundamental trabajar en alianza. Desde DOWN ESPAÑA creemos firmemente que solo a través de la colaboración entre empresas y entidades sociales podremos avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva.

DOWN ESPAÑA reclama una jubilación anticipada para las personas con síndrome de Down acorde a su esperanza de vida

En el marco del Día Internacional del Trabajador, que se celebra hoy -1 de mayo-, desde DOWN ESPAÑA pedimos la modificación de la normativa laboral para adelantar la edad de jubilación de las personas con síndrome de Down a los 42-45 años.

“Por justicia y en cumplimiento del artículo 28 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -relativo al nivel de vida adecuado y protección social-es necesario asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con síndrome de Down a programas y beneficios de la jubilación a una edad más temprana, dada su menor esperanza de vida y su envejecimiento precoz”, asegura Mateo San Segundo, presidente de nuestra Federación.

Por ello, consideramos necesaria la reforma de la Ley General de la Seguridad Social teniendo en cuenta que la esperanza de vida de las personas del colectivo es algo inferior a los 65 años, frente a los 83 del resto de la población.

“La jubilación es un derecho fundamental por lo que debe aplicarse el principio de proporcionalidad”, afirma San Segundo. “Se trata de hacer justicia. Si la población general dispone de 15-20 años para disfrutar de la jubilación, las personas con síndrome de Down deberían poder disfrutar de un tiempo equivalente. Dar a cada uno lo que le corresponde es la idea de justicia de una sociedad avanzada”, concluye.

La regulación actual resulta insuficiente porque, aunque el Real Decreto 370/2023 permite adelantar la jubilación a los 56 años para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, esta medida no responde a la realidad de las personas con síndrome de Down por su menor esperanza de vida”. “Además -continúa San Segundo- no debemos olvidar que las personas con síndrome de Down presentan un envejecimiento prematuro, especialmente a nivel cognitivo, que afecta tanto a su capacidad laboral como a su calidad de vida a partir de los cuarenta años”.

 “La sociedad debe evitar situaciones de injusticia en el acceso a la jubilación y fomentar que las personas con síndrome de Down tengan una vida laboral activa, aunque esta vaya a ser más corta que la del resto de personas”. “Es importante recordar que, generalmente, se incorporan al mercado laboral más tarde -a partir de los 24 años-, que sus puestos de trabajo suelen ser de menor cualificación, menor remuneración y a tiempo parcial”, recuerda San Segundo.

Además, teniendo en cuenta que solo el 5% de las personas con síndrome de Down tiene trabajo en empresas ordinarias y con el objetivo de asegurar su derecho al empleo en igualdad de condiciones, reclamamos también un mayor impulso de las Administraciones Públicas en la inserción laboral, más oportunidades de empleo en empresas ordinarias y políticas de Empleo con Apoyo, la metodología más eficaz para la inclusión de personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

“Nuestro objetivo como sociedad debiera ser conseguir que la mayor parte de las personas con síndrome de Down en situación de empleabilidad, estén trabajando antes de los 25 años y que puedan tener una vida laboral efectiva de al menos 20 años”, concluye San Segundo.

Con el objetivo de apoyar esta iniciativa y contar con el respaldo de la ciudadanía en esta reivindicación, hemos lanzado una campaña de recogida de firmas: Jubilación justa para las personas con Síndrome de Down

Descubre el proyecto “Territorios Inclusivos”

DOWN ESPAÑA pone en marcha Territorios Inclusivos, un programa de inserción laboral dirigido a personas con síndrome de Down que residen en núcleos rurales de menos de 30.000 habitantes.

En palabras de José Gutiérrez, director de Programas de DOWN ESPAÑA: “Este proyecto es especialmente relevante y necesario, ya que la realidad en los entornos rurales es más compleja para la inclusión de las personas con síndrome de Down: las oportunidades son más limitadas y los apoyos, escasos, por lo que iniciativas como ‘Territorios Inclusivos’ son esenciales para garantizar la inclusión laboral.”

El proyecto, financiado por el Fondo Social Europeo, a través de la Fundación MAPFRE, se desarrollará en varias entidades de nuestra red –Down Toledo, Down Valladolid, Down Ourense, Down Sevilla y Down Ávila– y podría beneficiar a más de 60 personas con discapacidad intelectual.

Nuestras asociaciones trabajarán para encontrar y favorecer oportunidades de inserción laboral en poblaciones con una densidad de 100hab/km2 y, una vez, establecidos los posibles procesos de contratación, acompañarán a sus usuarios a través de la metodología de Empleo con Apoyo, reconocida como una de las más eficaces para facilitar el acceso y mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad intelectual, ofreciendo apoyos individualizados tanto a las personas como a las empresas.

Además de favorecer el acceso al empleo, Territorios Inclusivos busca reforzar el tejido socioeconómico de las zonas rurales para promover una sociedad más equitativa e inclusiva.

Marca la ‘X’ solidaria en tu declaración de la renta y ayuda a las personas más vulnerables

Desde hace unos días, se puede hacer la declaración de la renta 2025 y, desde DOWN ESPAÑA, un año más, animamos a todos los contribuyentes a marcar la ‘casilla solidaria’, un sencillo gesto con el que es posible ayudar a millones de personas con discapacidad sin que eso suponga ningún cambio en el resultado de la declaración.

Al marcar la casilla 106 ‘Actividades de Interés Social’ de tu declaración, se destinará el 0,7% de tus impuestos a programas que realizan las entidades sin ánimo de lucro, como nuestra federación, para apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ello, nos unimos a la campaña Gesto Legendario de ‘X Solidaria‘ para pedir a los contribuyentes que «despierten el poder que llevan dentro marcando la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta y ayudando a quienes más lo necesitan».

Recordamos además, que marcar la casilla de Fines Sociales se puede combinar con la marcación de la casilla de la Iglesia Católica. Ambas son acciones independientes. De manera que puedes destinar el 0,7% de tus impuestos a ‘Actividades de Interés Social’ y otro 0,7% a la Iglesia Católica.

Este año, las ONG destacamos que es más importante que nunca marcarla, ya que, aunque cada año se unen nuevas personas, cada vez hay más contribuyentes que dejan en blanco su asignación.

Únete a los más de 12 millones y medio de personas que marcan la casilla de Fines Sociales.

En 2025, se sumaron 62.954 personas a este gran movimiento solidario, logrando un total de 12.395.024 que marcan la casilla de Fines Sociales, lo que supone el 50,5% de las personas contribuyentes. Por ello, la campaña Gesto Legendario pone el foco en cada persona contribuyente, para animarla a convertirse en protagonista de esta historia con algo tan sencillo como seleccionar la casilla 106 de Actividades de Interés Social en la web o el botón de Fines Sociales en la sección de Asignación tributaria en la app.

J. Gutiérrez: «Conocer los derechos es el primer paso para poder defenderlos ante posibles vulneraciones»

Cuando hablamos de derechos de las personas con síndrome de Down, corremos el riesgo de hacerlo desde fuera. Desde la teoría o desde las buenas intenciones. Sin embargo, los derechos solo cobran sentido cuando se ejercen y se defienden y experimentan en primera persona.

Ese es, precisamente, el punto de partida de “Hablemos de los OSD”.

Un proyecto que Down España está ejecutando en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y que se suma a los desarrollados en los últimos años con el objetivo de que los jóvenes con síndrome de Down conozcan sus derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Unos derechos cuyo ejercicio pleno es imprescindible para lograr una vida autónoma e independiente y para que la inclusión deje de ser una palabra amable y se convierta en una realidad cotidiana.

Conocer los derechos es el primer paso para poder defenderlos ante posibles vulneraciones. Pero no puede ser el único. Porque la inclusión de las personas con síndrome de Down no depende solo de ellas ni de sus familias. Depende también del conjunto de la sociedad y de su capacidad para reconocer y eliminar las barreras que, durante demasiado tiempo, se han levantado día a día: en la escuela, en el empleo, en la salud, en la participación comunitaria y en otros muchos ámbitos.

Por eso llega un momento en el que el trabajo debe avanzar en dos direcciones. Primero, acompañar a las personas con síndrome de Down para que conozcan, se apropien y defiendan sus derechos. Y después, interpelar al resto de la población para que entienda que esos derechos no son una concesión ni un gesto de buena voluntad.

Ese fue el camino abierto por “Ponte Derecho” en 2023 y es el que ahora continúa “Hablemos de los OSD”: pasar de la concienciación interna a la sensibilización social; de explicar los derechos a exigir que se cumplan; de formar a quienes los viven en primera persona a formar también a quienes muchas veces sin ser conscientes, contribuyen a limitar su ejercicio.

La propuesta en este 2026 ha sido tan sencilla como poderosa: relacionar los Objetivos del Síndrome de Down (OSD) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Puede parecer solo un juego de palabras, pero encierra una idea de fondo profundamente política y profundamente humana: no existen agendas separadas cuando hablamos de dignidad, igualdad y derechos.

Hablar de ODS es hablar de derechos humanos. Más allá de sus metas concretas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejan derechos reconocidos internacionalmente como  el derecho a la salud, a la educación, a un trabajo decente, a la igualdad, a un nivel de vida adecuado etc.

Y al igual que ocurre con los derechos de la Convención, estos objetivos no se cumplen por igual para todas las personas ni en todos los contextos. Lo que para una parte de la sociedad puede parecer un horizonte común, para muchas personas con síndrome de Down sigue siendo una promesa pendiente. La educación inclusiva continúa encontrando resistencias. El empleo ordinario sigue siendo una oportunidad demasiado limitada. La participación social se acepta a menudo en el discurso, pero se restringe en la práctica.

Por eso, avanzar en los ODS debe significar también avanzar en los OSD. De igual forma que los ODS y los derechos humanos no son agendas separadas, los OSD y los derechos de las personas con síndrome de Down tampoco pueden serlo.

Ahí reside la fuerza de este proyecto.

“Hablemos de los OSD” no solo quiere sensibilizar a la sociedad. Quiere interpelarla. Quiere poner delante de todos una pregunta incómoda: si los derechos están reconocidos, si la igualdad forma parte de nuestros compromisos públicos, si la inclusión aparece en discursos, planes y estrategias, ¿por qué las personas con síndrome de Down siguen encontrando dificultades para ejercerlos? 

Descubre “Hablemos de los OSD”, un proyecto sobre derechos y síndrome de Down

Desde DOWN ESPAÑA lanzamos una nueva iniciativa de sensibilización reclamar la garantía de los derechos de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de sus vidas.

 “Hablemos de los OSD” es un proyecto que conecta los OSD (Objetivos del Síndrome de Down) con los conocidos ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) porque, aunque estos objetivos de Naciones Unidas están profundamente enraizados, la realidad demuestra que estos derechos no siempre se garantizan para todas las personas ni en todos los contextos.

En este sentido, desde la Federación queremos señalar que avanzar en los OSD es avanzar también en los derechos de las personas con síndrome de Down, sin discriminación.

«Gracias a este proyecto, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación, las personas con síndrome de Down se convierten en protagonistas en la defensa de sus derechos y nos piden en primera persona que caminemos juntos por una sociedad más justa», afirma José Gutiérrez, director de Programas de DOWN ESPAÑA.

“Hablemos de los OSD” incluye cuatro vídeos que abordan temáticas clave relacionadas con los derechos y la inclusión, que han sido seleccionadas en los grupos de trabajo de la Fundación Síndrome de Down de País Vasco (Down País Vasco), federada a DOWN ESPAÑA. Los Jóvenes y adultos que han participado en la selección de temas, han decido que los vídeos se centren en el derecho a la accesibilidad en los espacios públicos, la orientación sexual, la discriminación por género y la salud mental.

El objetivo de estos vídeos, que incorporan ciertos toques de humor, es generar reflexión, romper estereotipos y acercar estos temas a la ciudadanía de una forma diferente.

Hablamos de los OSD- Salud mental

Hablemos de los OSD- Discriminación por género

Mara Dierssen: «Invertir en neurociencia es invertir en calidad de vida»

El Consejo Español del Cerebro presentó ayer el Informe sobre la investigación en neurociencia en España 2014-2024, un documento clave que analiza la evolución, fortalezas y desafíos del sector en la última década. La iniciativa ha sido impulsada por esta entidad, de la que forma parte DOWN ESPAÑA, junto a otras organizaciones comprometidas con el avance del conocimiento en el ámbito del cerebro.

El informe pone en manifiesto el importante crecimiento de la neurociencia en España en los últimos diez años, tanto en producción científica de calidad como en capacidad de innovación. Sin embargo, también identifica obstáculos estructurales que siguen limitando su impacto y desarrollo.

Durante el acto de presentación, la neurobióloga y presidenta del Consejo Español del Cerebro, Mara Dierssen, subrayó la importancia estratégica de este ámbito de investigación: «Invertir en neurociencia es invertir en calidad de vida».

Asimismo, destacó el valor del informe como herramienta de diagnóstico y proyección: «el informe es muy relevante porque nos ha permitido situar cómo está la investigación en neurociencia en nuestro país. Además, no solo implica un seguimiento de la productividad y calidad de la ciencia, además, nos ha permitido identificar sus retos, y eso es muy relevante porque todos sabemos dónde estamos, ahora más gracias a este informe, lo que podríamos conseguir y cómo podríamos sostener todo lo que hemos desarrollado en el tiempo”.

Además, la experta señaló que “durante la última década, la neurociencia a experimentado un avance muy notable, tanto en producción científica de calidad como en capacidad de innovación, pero se ha enfrentado a factores estructurales que siguen condicionando su impacto, como la fragmentación de financiación o las barreras administrativas, que reducen la competitividad».

Dierssen también incidió en algunos de los principales retos detectados en el informe. Entre ellos, señaló el escaso porcentaje de financiación destinado a la investigación básica, “fundamental como base para futuros avances”, indicó, así como las limitaciones que imponen los plazos de los proyectos. En este sentido, insistió en la necesidad de garantizar la continuidad del conocimiento generado y reforzar la inversión, ya que, según indicó, el retorno es altamente positivo.

La neurobióloga alertó además de que España se encuentra por detrás de otros países no solo en recursos, sino también en capacidad de influencia. Sin embargo, destacó que el informe señala que en los últimos años ha habido un incremento de los recursos destinados a la investigación en discapacidad intelectual, siendo en nuestro país mucho mayor que en el resto de Europa. 

Por otro lado, Dierssen defendió la importancia de equilibrar la financiación y de “alinear los sistemas de medición con el impacto real de la investigación”. Un impacto que, según explicó, no siempre se traduce únicamente en la cura de enfermedades, sino también en el avance del conocimiento: “a veces es curar la ignorancia”.

Finalmente, la experta hizo un llamamiento al apoyo institucional y a la colaboración entre todos los agentes implicados, pues «solo a través de un esfuerzo conjunto será posible consolidar los logros alcanzados y seguir avanzando».

Resumen del Informe, disponible haciendo click aquí.

Vídeo de la presentación del Informe: https://www.youtube.com/watch?v=QdUWh0C5NnA

Mateo San Segundo: «Reclamamos un modelo sociosanitario más inclusivo, preventivo y centrado en los derechos»

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebra hoy -7 de abril-, en DOWN ESPAÑA nos sumamos al Manifiesto del CERMI (disponible haciendo click aquí) para defender el derecho a la salud de las personas con síndrome de Down, de acuerdo con el artículo 25 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación.

Desde la Federación valoramos y compartimos plenamente el espíritu de este Manifiesto, elaborado desde la Comisión de Salud y Espacio Socio-sanitario del CERMI de la que forma parte DOWN ESPAÑA, porque sitúa el derecho a la salud como un pilar fundamental para todas las personas.

En palabras de Mateo San Segundo, presidente de DOWN ESPAÑA, «reclamamos un modelo sanitario y sociosanitario más inclusivo, preventivo y centrado en los derechos. Un sistema que no solo atienda, sino que comprenda y respete las necesidades específicas de cada persona. Para ello, es imprescindible consolidar un entorno libre de barreras —físicas, cognitivas y sociales— que permita una atención verdaderamente accesible y que facilite que las personas con síndrome de Down puedan desenvolverse con mayor autonomía. De esta manera, construiremos un sistema de salud más justo, que no deje a nadie atrás y que garantice, de forma efectiva, el bienestar y la calidad de vida de las personas con síndrome de Down».

Manifiesto por un sistema de salud con derechos, accesibilidad, continuidad y sin desigualdades para las personas con discapacidad

I Derecho, universalidad y modelo centrado en la persona 

1) Salud como derecho y bien público: inversión social, no coste 

Reivindicamos un sistema sanitario que garantice la salud como derecho fundamental y bien público, con financiación suficiente, estable en el tiempo y políticas orientadas a resultados en salud, autonomía y derechos, evitando que el debate se limite a la contención presupuestaria.

 2) Equidad territorial y universalidad real en el acceso

Exigimos igualdad efectiva en el acceso a prevención, diagnóstico, tratamientos y seguimiento en todo el Estado, corrigiendo desigualdades entre territorios y evitando que la atención dependa del código postal de la residencia de la persona o de la renta.

3) Modelo de atención centrada en la persona con enfoque de autonomía y derechos

Defendemos un modelo de atención centrado en la persona, que priorice sus necesidades y su proyecto vital, con planificación individual, respeto a sus preferencias y decisiones, y un enfoque basado en la autonomía personal, la calidad de vida, la igualdad, la no discriminación y el apoyo a la familia.

Este modelo debe incorporar estrategias adaptadas y accesibles que promuevan el autocuidado y la participación activa en la propia salud. El objetivo ha de ser alcanzar los mejores resultados de salud y bienestar, evitando hospitalizaciones, institucionalizaciones innecesarias o cronificación de tratamientos.

 4) Salud con perspectiva de género e interseccionalidad: Las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan una discriminación interseccional en el acceso a la atención sanitaria por razón de discapacidad y por razón de género.

Reivindicamos protocolos específicos con perspectiva de género en salud sexual y reproductiva, ginecología, oncología preventiva (mamografía, citología) y salud mental, garantizando accesibilidad plena en todas las pruebas, consultas e información. Las administraciones deben producir y publicar datos desagregados por sexo, tipo de discapacidad y edad para orientar políticas basadas en evidencia.

5) Salud con perspectiva de edad y discapacidad

Las personas mayores con discapacidad y la personas con discapacidad mayo-res afrontan una discriminación agravada por la interacción entre edad y discapacidad. Esta realidad exige protocolos, recursos y formación específicos que garanticen una atención sanitaria en igualdad de condiciones, adaptada a sus necesidades, y que aseguren información comprensible y una toma de decisiones sanitarias libre e informada.

II Acceso sin barreras

6) Atención de proximidad: proteger y reforzar los centros de salud y servicios cercanos La atención primaria y los recursos de proximidad son salud, cuidados y seguridad.

El cierre o debilitamiento de centros de salud, especialmente en zonas rurales, así como de otros servicios esenciales, motivado por razones económicas, incrementa distancias y dificulta el acceso, perjudicando de forma desproporcionada a las personas con discapacidad por barreras de en el entorno, de movilidad, de comunicación, de comprensión y de acceso a otros apoyos.

7) Accesibilidad universal y ajustes razonables en toda la atención sanitaria

Exigimos la garantía de accesibilidad universal en los centros, los procesos y la información sanitaria, incorporando ajustes razonables normalizados como acompañamiento, tiempos adaptados, apoyo a la comunicación, documentación comprensible y circuitos universalmente accesibles.

 8) Tecnología y digitalización al servicio de las personas

El desarrollo tecnológico debe reducir barreras, no crearlas. Por ello reclamamos accesibilidad digital, alternativas presenciales cuando sean necesarias, apoyos para evitar la brecha digital y telemedicina accesible orientada a resultados en salud y derechos, especialmente en zonas rurales o con grandes distancias.

III Del cribado a la rehabilitación: ciclo completo de salud

9) Prevención, cribados y detección precoz sin barreras

Reivindicamos un acceso equitativo a prevención y a los cribados a lo largo de todo el ciclo vital, con protocolos que consideren la discapacidad, que incorporen circuitos asistenciales ágiles y seguimiento especializado, y eliminen barreras con adaptaciones en las pruebas e información comprensible.

La detección temprana reduce desigualdades y evita el agravamiento de las situaciones de salud. La atención temprana debe reconocerse explícitamente como derecho y servicio de salud, con acceso universal, sin listas de espera inasumibles y con coordinación efectiva entre el sistema sanitario, educativo y de servicios sociales.

La fragmentación actual entre consejerías de salud, educación y bienestar social genera retrasos que impactan directamente en el desarrollo y la calidad de vida de la infancia con discapacidad y sus familias. Asimismo, debe garantizarse el acompañamiento a las mujeres durante la realización de las pruebas de cribado prenatal, así como el acceso a información clara, veraz, completa y comprensible, para que pueda adoptar decisiones verdaderamente informadas.

10) Formación específica y especializada de los profesionales sanitarios

Reclamamos que las administraciones públicas impulsen y garanticen la formación específica de los y las profesionales del ámbito sanitario en discapacidad, accesibilidad, apoyos, comunicación y necesidades de salud asociadas, así como la especialización cuando la situación de la persona lo requiera. Esta capacitación es una condición necesaria para asegurar una atención adecuada, eficaz y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.

11) Atención integral: seguimiento continuo e interdisciplinar

Exigimos una respuesta adecuada a las necesidades de atención de las personas con discapacidad, con especial atención a aquellas situaciones de cronicidad y con necesidades complejas, mediante seguimiento continuado, atención integral e interdisciplinar y acceso a especialistas cuando proceda.

Las unidades y recursos especializados deben sostenerse con derivaciones claras, continuidad y coordinación. Además, debe tenerse en cuenta a las entidades del ámbito de las personas con discapacidad y a las familias como agentes de referencia en la atención y la promoción de la salud.

12) (Re)habilitación garantizada como parte del derecho a la salud

Reclamamos un acceso suficiente, estable y sin demoras a la (re)habilitación y a las terapias funcionales indicadas, a lo largo de todo el ciclo vital, incluyendo atención temprana, la discapacidad y el envejecimiento.

La rehabilitación no puede tratarse como un complemento ni depender de la capacidad de pago de la persona, sino que debe integrar la cartera de servicios con criterios homogéneos y con equidad territorial, garantizando continuidad, intensidad adecuada y seguimiento.

IV Continuidad asistencial y coordinación sociosanitaria

13) Discapacidad y envejecimiento: continuidad de derechos y cuidados en todas las etapas

Incorporamos una línea transversal de discapacidad y envejecimiento: las personas mayores con discapacidad y la persona con discapacidad mayores no pueden sufrir una merma de derechos por edad, envejecimiento anticipado, fragilidad o necesidad de apoyos. Debe garantizarse continuidad asistencial, apoyos para la autonomía personal y acceso a servicios en todas las etapas de la vida, así como la promoción de los cuidados en el hogar y la sostenibilidad de los cuidados.

14) Coordinación sociosanitaria efectiva y continuidad asistencial

Exigimos la implantación de una coordinación real entre atención primaria, especializada, salud mental, rehabilitación, prestaciones y servicios sociales, y entidades de pacientes prestadoras de servicios, evitando rupturas, duplicidades y “peregrinajes” asistenciales. Son claves para ello la continuidad asistencial, los objetivos compartidos, las derivaciones ágiles y la definición clara de roles.

15) Productos de apoyo y prestación ortoprotésica como condición para la autonomía

 Se ha de garantizar acceso ágil, homogéneo y asequible a productos de apoyo y prestación ortoprotésica como condición indispensable para la autonomía personal.

Por ello, reclamamos la eliminación de criterios restrictivos existentes para acceder a determinadas prótesis, así como de barreras administrativas y desigualdades territoriales.

16) Acceso a medicamentos y tratamientos con equidad, sin demoras ni barreras económicas

Exigimos garantizar el acceso en tiempo y forma a los medicamentos y tratamientos necesarios, evitando que los copagos, los trámites, las demoras o las desigualdades territoriales impidan la obtención del tratamiento.

La innovación debe incorporarse con criterios de equidad, impacto en la autonomía y mejora real de la salud. VI Salud mental: derecho integrado

17) Salud mental integrada y accesible: derecho, no excepción

Reivindicamos el reconocimiento de la salud mental y del bienestar emocional como dimensiones inseparables del derecho a la salud.

Es preciso garantizar el acceso efectivo a la evaluación, a los apoyos psicológicos y psicoterapéuticos y a la atención especializada cuando proceda, con accesibilidad universal y ajustes razonables.

Asimismo, debe asegurarse una respuesta adecuada, multidisciplinar e integral, con implicación de los distintos equipos profesionales, ante situaciones de comorbilidad, dolor crónico, aislamiento y necesidades específicas relacionadas con la discapacidad y el envejecimiento, evitando itinerarios fragmentados mediante una adecuada coordinación sanitaria y sociosanitaria.

Además, en el marco de la prevención y la promoción de la salud mental de las personas con discapacidad, es fundamental reconocer el papel fundamental de los programas de ayuda mutua interpersonal e interfamiliar puestos en marcha, desde hace años, en las entidades de la discapacidad.

VII Participación, datos y rendición de cuentas

18) Cogobernanza, participación y rendición de cuentas

Se ha de garantizar la participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la planificación, el diseño, la evaluación y la mejora de políticas y los servicios sanitarios.

Exigimos transparencia y rendición de cuentas sobre resultados en equidad, accesibilidad, tiempos, continuidad y calidad, así como el desarrollo de herramientas de análisis, planificación y evaluación conjuntas y de una programación territorial compartida que garantice un continuum asistencial desde una perspectiva integrada.

19) Investigación, datos desagregados y evidencia científica

Reivindicamos que el Sistema Nacional de Salud incorpore de forma sistemática y obligatoria la variable discapacidad en todos sus registros, encuestas de salud, sistemas de información epidemiológica y evaluaciones de resultados.

La ausencia de datos diferenciados perpetúa la invisibilidad de las desigualdades en salud que afectan a las personas con discapacidad. Asimismo, se exige que las convocatorias públicas de investigación biomédica y en salud incluyan líneas específicas sobre discapacidad y que los ensayos clínicos garanticen la participación de personas con distintos tipos de discapacidad.

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