Entrevistamos a Alejandro Calleja, padre de Rubén, que tiene síndrome de Down, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce la vulneración del derecho a una educación inclusiva que sufrió su hijo durante su etapa escolar.
Después de 15 años de batalla legal, la familia de Rubén ha logrado una sentencia histórica, pues el TS ha reconocido que el Estado español vulneró su derecho a una educación inclusiva, y ha condenado a la Administración a indemnizarles con 25.000 euros por los gastos judiciales.
Este fallo no solo pone fin a un proceso complejo y agotador para la familia, sino que también sienta jurisprudencia y refuerza el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008.
El periplo judicial al que se ha enfrentado esta familia comenzó cuando Rubén tenía 10 años y sufrió una situación de malos tratos y abandono en el aula, que llevó a sus padres a interponer numerosas quejas y una denuncia ante la Fiscalía de menores de León.
La respuesta institucional fue autorizar su traslado a un centro de educación especial, algo que sus padres rechazaron rotundamente, lo que supuso que fuesen denunciados por abandono del menor.
Desde entonces y hasta la sentencia del TS, han recorrido un arduo camino en defensa del derecho de su hijo a una educación de calidad con el apoyo de organizaciones como DOWN ESPAÑA y con el respaldo jurídico del abogado especialista en educación inclusiva, Juan Rodríguez Zapatero.
Hablamos con Alejandro Calleja, padre de Rubén, para conocer cómo han vivido este proceso, qué significa esta sentencia y qué mensaje quieren trasladar a otras familias y a la sociedad.
1. ¿Cómo os habéis sentido tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo?
Tenemos un sentimiento de alegría por el resultado final. Es una sentencia que pone fin a 14 años de lucha y resiliencia por defender el derecho y la dignidad de Rubén.
2. ¿Estáis satisfechos?
Lógicamente estamos satisfechos pues es una sentencia pionera y que calificaría de histórica.
3. ¿La indemnización económica recibida hace justicia a lo vivido?
El tema económico no ha sido para nosotros lo más importante en este proceso, pero sí se tenía que abordar, pues el dictamen del Comité de la ONU así lo demandaba. Parece un poco contradictoria la indemnización, pero la sentencia hay que acatarla como es, guste más o menos.
4. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso judicial de casi 15 años?
Este proceso ha sido muy duro, largo y tortuoso para la familia, pero teníamos claro que debíamos de llegar hasta el final. El momento más difícil fue cuando nos llegó la imputación de un delito penal de abandono de familia por parte del fiscal de menores de León, que nos podía suponer pena de cárcel y, sobre todo, la pérdida de la patria potestad de Rubén. Este pulso lo ganamos y, gracias a ello, ha quedado claro que no se puede perseguir a las familias que defendemos el derecho a la educación inclusiva de nuestros hijos. El mejor momento fue, sin duda, cuando recibimos el dictamen del Comité de la ONU dándonos la razón en todas nuestras demandas, un hito histórico que hice personalmente presentando una queja al Comité.
5. ¿Cómo ha sido la educación de Rubén durante este tiempo?
Rubén siguió con su trayectoria escolar fuera del sistema hasta que conseguimos, gracias al Comité, que pudiera hacer y titular un ciclo de formación profesional básica de auxiliar administrativo. Cuando terminó estos estudios empezó a trabajar hace ya 3 años en la Asociación Alzheimer de León como un trabajador más.
6. ¿Qué es lo que os ha dado fuerza para continuar durante tantos años en una lucha tan larga y compleja?
Rubén ha sido siempre la fuerza y el motor de toda esta lucha. Sus logros nos han dado plenamente la razón y se la ha quitado a un sistema educativo y a unos poderes públicos que violaron gravemente su derecho humano fundamental.
7. ¿Consideráis que esta sentencia puede marcar un antes y un después en la inclusión educativa de los alumnos con síndrome de Down?
Sin duda, y así lo expresa el voto particular contrario en esta sentencia, temeroso de que más familias puedan reclamar y exigir una educación inclusiva para sus hijos. Este es el gran legado que deja Rubén, que ha creado una jurisprudencia muy sólida en este sentido con la anterior sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del 2023. Este es un avance importantísimo para la defensa del derecho de todas las personas con discapacidad y diversidad funcional.
8. ¿Qué os gustaría decir a otras familias que están comenzando un proceso parecido?
Que crean en sus hijos como personas con plenos derechos y dignidad. El camino puede ser difícil, pero tenemos claro desde la experiencia vivida que lo volveríamos a hacer. Esta es una cuestión innegociable. Hace 14 años nos encontramos con un vacío jurídico; ahora ya hay un camino posible y una jurisprudencia que lo avala.
9. ¿Qué cambios creéis que deberían implantarse con urgencia en el sistema educativo español para garantizar una educación inclusiva?
Acabo de presentar una queja al Defensor del Pueblo para que formalice un recurso de inconstitucionalidad sobre el artículo 74 de la LOMLOE, que es el que habilita la discriminación y segregación del alumnado a través de los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización. Son contrarios a la Constitución Española, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
10. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a la sociedad general sobre este asunto?
Si queremos una sociedad inclusiva, esta debe empezar por una educación realmente inclusiva en la que TODOS podamos estar, participar y progresar.
Para más información sobre este caso y la entrevista al abogado Juan Rodríguez Zapatero, haz click aquí.
