• ¿Cuáles son las expectativas depositadas en el II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down»

El Segundo Congreso Iberoamericano debe ser la consolidación de una apuesta de continuidad y de permanencia; debe ser la prolongación del primer congreso y la raíz para el tercero, de nuevo en tierras americanas, en el marco de una Federación Iberoamericana del Síndrome de Down, que quedará constituida durante el segundo congreso y que nos dará fuerza y representatividad, a escala mundial.

Sigue la entrevista en la web del congreso: www.granada2010down.org

• Documento de esta semana

‘Apoyos al ejercicio de la capacidad de obrar‘

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‘Peligros económicos para las personas con discapacidad e indicadores de abuso‘

‘Capacidad social y capacidad jurídica‘

‘Preguntas y respuestas sobre la propuesta’

‘Medios para proporcionar apoyos a las personas con discapacidad‘

‘Grados o clases de discapacidad‘

‘Algunas claves de la propuesta‘

‘Apoyos a la capacidad de obrar‘

• Resumen del proyecto

La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad les ha reconocido un gran número de importantísimos derechos, en todos los órdenes de la vida. Paradójicamente, en un país rico como España, es posible que uno de los derechos que más trabajo les cueste hacer plenamente efectivo será el de controlar sus propios asuntos económicos; comprar, vender, abrir y seguir cuentas corrientes, alquilar sus viviendas, hacer inversión de sus ahorros, etcétera.

La falta de costumbre, para ellas, la tradicional desconfianza, por parte de sus padres, y el casi general desconocimiento, cuando no incomprensión, de su modo de vida, por parte de notarios, jueces y autoridades, les ha venido relegando a un segundo plano en estas materias, considerando a veces que es un asunto resuelto, porque a la persona con discapacidad poca falta le hace ese control de sus propios asuntos y mejor que lo hagan por ella sus padres o incluso otros personas, antes de verse expoliada y perjudicada.

La respuesta no es desde luego esa; la persona con discapacidad debe aprender a vivir todos los aspectos de su vida. Con el apoyo necesario, como en todos los demás asuntos, deben tomar también las riendas de sus intereses económicos.

Así se lo reconoce la Convención y así velará y en su caso luchará Down España, en lo que de ella dependa, para que se cumpla.

En consecuencia, Down España da la bienvenida a los trabajos que sobre el particular están realizando un grupo de juristas profesionales, interesados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios, en el que está integrado el asesor jurídico de la federación, pero en el que todos los integrantes actúan a título personal, y en el que la mayoría no tiene una relación directa con el mundo de la discapacidad.

No se trata pues de la opinión de Down España, pero la coincidencia de objetivos hace que ésta ofrezca el escaparate de su página web para dar a conocer los trabajos que se están realizando, todavía no terminados y susceptibles de modificación, pero que ya aportan una idea de la dirección que se pretende dar a la solución; dirección que compartimos plenamente.

Este grupo de trabajo estará presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado, al menos, por los siguientes Ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía y Hacienda; Justicia; Interior; Educación; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; Vivienda; Presidencia e Igualdad.

La Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva. Los Estados deberán implantarlas para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones. España ratificó este documento el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

Estos principios ya estaban recogidos en los enunciados de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad de 2003. Sin embargo, la Convención supone un cambio en el concepto de discapacidad, ya que pasa a considerarla como una cuestión de derechos humanos y no como una preocupación en materia de bienestar social.

El objetivo de este Plan consiste en la promoción de la autonomía personal, y para lograrlo se intervendrá en una doble dirección: sobre los sistemas de protección social y políticas públicas en general, y sobre las personas con discapacidad, especialmente las mujeres.

En este sentido, el documento establece una estrategia en la que se analizan la situación y necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, se reconoce la discapacidad como un componente de la diversidad humana.

El III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad recoge siete áreas de intervención:

• Área I. Poder y participación: se potencia la presencia de personas con discapacidad en todos los ámbitos, especialmente la de las mujeres.
• Área II. Educación y cultura: se establecen medidas dirigidas a la permanencia en el proceso educativo y al desarrollo de las capacidades y el conocimiento para tomar las decisiones libremente. También se incluyen medidas para la promoción del deporte y el acceso a los bienes culturales.
• Área III. Empleo: ante las dificultades de las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, para encontrar un empleo, se recogen las medidas incluidas en la Estrategia Nacional para el Empleo de las Personas con Discapacidad.
• Área IV. Salud: las propuestas en este ámbito están dirigidas a que el Sistema de Salud dé respuesta a sus necesidades.
• Área V. Abusos y violencia: la prevención y la atención de las víctimas de violencia es compleja ya que, a la violencia que sufren las personas con discapacidad, hay que sumar las dificultades añadidas para formular las denuncias, por lo que se incluyen medidas para prevenir la violencia y atender a las víctimas.
• Área VI. Protección social y jurídica: se recogen las flexibilizaciones necesarias en los sistemas de servicios sociales, el sistema de la autonomía personal y en los distintos instrumentos pensados para la autonomía.
• Área VII. Información, comunicación y cooperación institucional: en éste ámbito se desarrollan los medios que deben ser utilizados (investigación, información, cooperación e iniciativa privada) para conseguir los objetivos de las seis áreas anteriores.

Para intervenir sobre estas áreas, el Plan tiene una dotación económica de 2.500 millones de euros para el año 2009. La mayor parte de esta dotación está destinada a la acción directa, epígrafe en el que se incluyen las pensiones no contributivas, la construcción y mantenimiento de servicios y centros para atención de día y residencia, o la formación ocupacional.

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La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad les ha reconocido un gran número de importantísimos derechos, en todos los órdenes de la vida. Paradójicamente, en un país rico como España, es posible que uno de los derechos que más trabajo les cueste hacer plenamente efectivo será el de controlar sus propios asuntos económicos; comprar, vender, abrir y seguir cuentas corrientes, alquilar sus viviendas, hacer inversión de sus ahorros, etcétera.

La falta de costumbre, para ellas, la tradicional desconfianza, por parte de sus padres, y el casi general desconocimiento, cuando no incomprensión, de su modo de vida, por parte de notarios, jueces y autoridades, les ha venido relegando a un segundo plano en estas materias, considerando a veces que es un asunto resuelto, porque a la persona con discapacidad poca falta le hace ese control de sus propios asuntos y mejor que lo hagan por ella sus padres o incluso otros personas, antes de verse expoliada y perjudicada.

La respuesta no es desde luego esa; la persona con discapacidad debe aprender a vivir todos los aspectos de su vida. Con el apoyo necesario, como en todos los demás asuntos, deben tomar también las riendas de sus intereses económicos.

Así se lo reconoce la Convención y así velará y en su caso luchará Down España, en lo que de ella dependa, para que se cumpla.

En consecuencia, Down España da la bienvenida a los trabajos que sobre el particular están realizando un grupo de juristas profesionales, interesados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios, en el que está integrado el asesor jurídico de la federación, pero en el que todos los integrantes actúan a título personal, y en el que la mayoría no tiene una relación directa con el mundo de la discapacidad.

No se trata pues de la opinión de Down España, pero la coincidencia de objetivos hace que ésta ofrezca el escaparate de su página web para dar a conocer los trabajos que se están realizando, todavía no terminados y susceptibles de modificación, pero que ya aportan una idea de la dirección que se pretende dar a la solución; dirección que compartimos plenamente.

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La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad les ha reconocido un gran número de importantísimos derechos, en todos los órdenes de la vida. Paradójicamente, en un país rico como España, es posible que uno de los derechos que más trabajo les cueste hacer plenamente efectivo será el de controlar sus propios asuntos económicos; comprar, vender, abrir y seguir cuentas corrientes, alquilar sus viviendas, hacer inversión de sus ahorros, etcétera.

La falta de costumbre, para ellas, la tradicional desconfianza, por parte de sus padres, y el casi general desconocimiento, cuando no incomprensión, de su modo de vida, por parte de notarios, jueces y autoridades, les ha venido relegando a un segundo plano en estas materias, considerando a veces que es un asunto resuelto, porque a la persona con discapacidad poca falta le hace ese control de sus propios asuntos y mejor que lo hagan por ella sus padres o incluso otros personas, antes de verse expoliada y perjudicada.

La respuesta no es desde luego esa; la persona con discapacidad debe aprender a vivir todos los aspectos de su vida. Con el apoyo necesario, como en todos los demás asuntos, deben tomar también las riendas de sus intereses económicos.

Así se lo reconoce la Convención y así velará y en su caso luchará Down España, en lo que de ella dependa, para que se cumpla.

En consecuencia, Down España da la bienvenida a los trabajos que sobre el particular están realizando un grupo de juristas profesionales, interesados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios, en el que está integrado el asesor jurídico de la federación, pero en el que todos los integrantes actúan a título personal, y en el que la mayoría no tiene una relación directa con el mundo de la discapacidad.

No se trata pues de la opinión de Down España, pero la coincidencia de objetivos hace que ésta ofrezca el escaparate de su página web para dar a conocer los trabajos que se están realizando, todavía no terminados y susceptibles de modificación, pero que ya aportan una idea de la dirección que se pretende dar a la solución; dirección que compartimos plenamente.

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La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad les ha reconocido un gran número de importantísimos derechos, en todos los órdenes de la vida. Paradójicamente, en un país rico como España, es posible que uno de los derechos que más trabajo les cueste hacer plenamente efectivo será el de controlar sus propios asuntos económicos; comprar, vender, abrir y seguir cuentas corrientes, alquilar sus viviendas, hacer inversión de sus ahorros, etcétera.

La falta de costumbre, para ellas, la tradicional desconfianza, por parte de sus padres, y el casi general desconocimiento, cuando no incomprensión, de su modo de vida, por parte de notarios, jueces y autoridades, les ha venido relegando a un segundo plano en estas materias, considerando a veces que es un asunto resuelto, porque a la persona con discapacidad poca falta le hace ese control de sus propios asuntos y mejor que lo hagan por ella sus padres o incluso otros personas, antes de verse expoliada y perjudicada.

La respuesta no es desde luego esa; la persona con discapacidad debe aprender a vivir todos los aspectos de su vida. Con el apoyo necesario, como en todos los demás asuntos, deben tomar también las riendas de sus intereses económicos.

Así se lo reconoce la Convención y así velará y en su caso luchará Down España, en lo que de ella dependa, para que se cumpla.

En consecuencia, Down España da la bienvenida a los trabajos que sobre el particular están realizando un grupo de juristas profesionales, interesados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios, en el que está integrado el asesor jurídico de la federación, pero en el que todos los integrantes actúan a título personal, y en el que la mayoría no tiene una relación directa con el mundo de la discapacidad.

No se trata pues de la opinión de Down España, pero la coincidencia de objetivos hace que ésta ofrezca el escaparate de su página web para dar a conocer los trabajos que se están realizando, todavía no terminados y susceptibles de modificación, pero que ya aportan una idea de la dirección que se pretende dar a la solución; dirección que compartimos plenamente.

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La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad les ha reconocido un gran número de importantísimos derechos, en todos los órdenes de la vida. Paradójicamente, en un país rico como España, es posible que uno de los derechos que más trabajo les cueste hacer plenamente efectivo será el de controlar sus propios asuntos económicos; comprar, vender, abrir y seguir cuentas corrientes, alquilar sus viviendas, hacer inversión de sus ahorros, etcétera.

La falta de costumbre, para ellas, la tradicional desconfianza, por parte de sus padres, y el casi general desconocimiento, cuando no incomprensión, de su modo de vida, por parte de notarios, jueces y autoridades, les ha venido relegando a un segundo plano en estas materias, considerando a veces que es un asunto resuelto, porque a la persona con discapacidad poca falta le hace ese control de sus propios asuntos y mejor que lo hagan por ella sus padres o incluso otros personas, antes de verse expoliada y perjudicada.

La respuesta no es desde luego esa; la persona con discapacidad debe aprender a vivir todos los aspectos de su vida. Con el apoyo necesario, como en todos los demás asuntos, deben tomar también las riendas de sus intereses económicos.

Así se lo reconoce la Convención y así velará y en su caso luchará Down España, en lo que de ella dependa, para que se cumpla.

En consecuencia, Down España da la bienvenida a los trabajos que sobre el particular están realizando un grupo de juristas profesionales, interesados en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Se trata de un grupo de profesores de universidad, fiscales y notarios, en el que está integrado el asesor jurídico de la federación, pero en el que todos los integrantes actúan a título personal, y en el que la mayoría no tiene una relación directa con el mundo de la discapacidad.

No se trata pues de la opinión de Down España, pero la coincidencia de objetivos hace que ésta ofrezca el escaparate de su página web para dar a conocer los trabajos que se están realizando, todavía no terminados y susceptibles de modificación, pero que ya aportan una idea de la dirección que se pretende dar a la solución; dirección que compartimos plenamente.