Pedro Montiel, que actualmente dirige el Secretariado de Deportes de la Universidad de Málaga, recibió ayer en Madrid la medalla de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo 2009.

Imagen: UMA

Este premio, el más importante a nivel nacional en relación con el deporte, reconoce cada año a aquellas personas que hayan contribuido al deporte español con éxitos deportivos o, como es el caso de Montiel, hayan trabajado por el desarrollo del deporte.

«Este premio no lo hubiese conseguido sin la ayuda de todas las personas que trabajan diariamente conmigo», aseguró Montiel, quien añadió que esta medala «es el estímulo y la recompensa a muchos años de trabajo».

Por su parte, el Rey Don Juan Carlos manifestó que «la cultura deportiva promueve la integración social de los jóvenes con discapacidad» que obtuvieron igualmente grandes logros para España».

A su labor universitaria se une su lucha en favor del bienestar de las personas con síndrome de Down, siendo uno de los precursores del Proyecto Pioneros, un programa lúdico deportivo que lleva a cabo DOWN MÁLAGA, y participando como miembro del Comité Científico del II Congreso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down , que tendrá lugar el próximo año en Granada.

Junto a Montiel, fueron galardonados numerosos deportistas, como el ciclista Joan Llaneras (Gran Cruz y máximo galardón) o la yudoca con discapacidad Carmen Herrera (medalla de oro), así como otras personalidades ligadas al deporte, como Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y el dirigente deportivo Antonio Merino.

Montiel también fue galardonado el pasado 2008 con el premio al mejor gestor en el deporte en Andalucía por la Asociación Andaluza de Gestores del Deporte, AGESPORT, premio que se concede anualmente a la persona que más se haya distinguido en el desempeño de su ejercicio profesional en la gestión deportiva en Andalucía.

Previgalia considera de «gran interés el apoyo a todo el colectivo de síndrome de Down, personas con discapacidad, familiares, trabajadores, voluntarios y asociaciones», y por ello prestará sus servicios tanto a quien tengan ya contratado un seguro como para quien aún no disponga de uno.

La experiencia de estos últimos años confirma que las entidades de DOWN ESPAÑA que han gestionado a través de Previgalia han conseguido mejorar su gestión de seguros, mejorar las condiciones y abaratar los costes.

• Previgalia

La labor de PREVIGALIA es la de mejorar la atención de los servicios del ámbito de seguros y similares que se ofrecen a las personas con discapacidad en España, y en concreto, aumentar los niveles de protección y seguridad, y mejorar la gestión de nuestras organizaciones y familias y profesionales.

 

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –Estuvieron presentes también el hexacampeón de Europa de Motociclismo, Álvaro Molina (apoyo incondicional de este evento) y Alejandro Martín, presidente del Club Motero «Comando Malafollá».

La inscripción tiene un coste de 12 euros, y todo lo recaudado durante el evento irá a financiar los programas que GRANADOWN desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y sus familias. La pasada edición consiguió reunir 6.000 euros, pero este año se espera superar esa cifra.

Miguel Ángel Gamarra, alcalde del Ayuntamiento de Alhendín y María del Pilar López Garrido, presidenta de GRANADOWN, se reunieron el pasado viernes para dar a conocer la ruta que seguirá la caravana por el Valle de Lecrín y el resto de actividades (gymkhanas,  mercadillo, parrillada, trofeos, sorteos y un gran concierto).

La jornada, comenzará con una ruta  por el Valle de Lecrín encabezada por Álvaro Molina. De vuelta al recinto ferial, se realizará otro pequeño recorrido con jóvenes de la asociación por el término municipal. Los motoristas podrán disfrutar de comida y bebida gratuita en las carpas habilitadas por el Ayuntamiento, donde también habrá sorteos de artículos relacionados con el mundo motero.

Miembros de GRANADOWN serán los encargados de la entrega de los diferentes trofeos que se entregarán, entre ellos, al club más numeroso, al más lejano o a la moto más antigua.

Un día para la solidaridad y la fiesta, que finalizará con un gran concierto a cargo del grupo granadino ‘Humano‘, ganador de festivales como el Emergenza.

• Programa

09:00 – Apertura de taquillas. Se invitará a chocolate con churros

10:00 – Salida hacia la ruta por el Valle de Lecrín

12:00 – Inicio actividades: toro mecánico, gymkhanas moteras, masajes por fisioterapeutas

13:00 – Ruta por Alhendín con chavales de Down

13:30 – Ofrenda floras por los moteros caídos

14:00 – Comida

16:00 – Entrega de trofeos: ganadores pruebas de ghymkana, motoclub más numeroso, moto más antigua y más lejana, sorteos de dos jamones y dos juegos de xenon

17:00 – Gran concierto grupo Humano

Así lo informa el diario El País en su edición catalana a finales de la semana pasada. Transcribimos aquí el resto de la noticia:

La sentencia razona que Montserrat C. S., de 51 años, tiene ese derecho ya que el sistema de Seguridad Social español, «propugnado en el artículo 41 de la Constitución, garantiza a todos los ciudadanos asistencia y prestaciones suficientes en situaciones de necesidad».

La juez añade que ese derecha aún está más claro en este caso, «en el que se evidencia la evolución de las patologías, degenerativas por definición». Los abogados del Collectiu Ronda que presentaron la demanda consideran que la sentencia «elimina barreras que impiden a los discapacitados su integración en el mercado laboral».

La mujer trabajaba desde 1989 en el centro especial de empleo Taller Jeroni Moragas XCCL como peón de manipulados y en mayo de 2008 su estado de salud empeoró con un absceso pulmonar, hasta precisar ayuda y supervisión continua para la realización de las actividades diarias. Hasta aquel momento las hacía de forma autónoma. La sentencia condena a la Seguridad Social a pagar una pensión de 574,81 euros a la afectada y un complemento de 471,56 euros para la persona que la atiende.

La semana pasada tuvimos la oportunidad de leer las reflexiones que sobre aborto y discapacidad llevaba a cabo Carlos Marín, asesor jurídico de DOWN ESPAÑA.

En esta semana presentamos la postura al respecto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), al que pertenece la Federación, y que está difundiendo a través de un díptico:

Ante la reforma legislativa anunciada por el Gobierno en relación con la regulación de la interrupción del embarazo o aborto, debatida la cuestión en los órganos de gobierno del CERMI, el Comité Ejecutivo de la Entidad, en su reunión del 26 de marzo de 2009, fijó como posición la contenida en este documento.

Esta posición queda reflejada en los siguientes puntos principales:

• El CERMI no tiene una posición institucional sobre la regulación legal de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto. Esta cuestión no forma parte por sí misma de la agenda política de asuntos de la discapacidad, de los que se ocupa el CERMI como plataforma de representación, acción y defensa de la discapacidad organizada en España. Cualquier postura sobre la interrupción del embarazo pertenece a la esfera propia de la persona.

• El CERMI sí tiene una posición beligerante contra cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad, se produzca en el contexto que se produzca, explícita o tácita, y trabaja con reflexiones y propuestas para que en la legislación española se erradique cualquier trato desigual contrario a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, adoptada por las Naciones Unidas y vigente en nuestro país al formar pare del ordenamiento jurídico. Estamos, por tanto, como CERMI, no en el debate de la interrupción del embarazo, que no nos concierne como Entidad, sino en el debate de la no discriminación.

• El CERMI participa en esta materia de la opinión del movimiento internacional de la discapacidad y en especial de la del tejido asociativo europeo agrupado en torno al Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), que en 2003 fijó su posición firme e inequívoca sobre el aborto por razones de discapacidad.

• La legislación española vigente hasta el momento en la materia, aprobada en 1985, al admitir el aborto eugenésico, el que se practica para evitar el nacimiento de un niño o niña con discapacidad, y que implícitamente considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de otra persona sin discapacidad, es discriminatoria desde una perspectiva exigente de derechos humanos y discapacidad, consagrada como norma jurídicamente vinculante en los planos internacional y nacional por la ya citada Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• La vida de las personas con discapacidad posee la misma dignidad y valor que cualquier otra vida y debe ser protegida por el ordenamiento jurídico en las mismas condiciones que el resto de vidas, y hasta allí donde llegue la protección legal.

• Resulta necesario aprovechar la reforma de esta legislación anunciada por el Gobierno para suprimir el aborto eugenésico e impedir, con vistas a la nueva regulación legal, cualquier forma o tipo de discriminación por motivo de discapacidad en esta materia.

• Una regulación estricta de plazos, sin distinción ni diferencias por razón de discapacidad, no contiene elementos contrarios o incompatibles con una perspectiva de derechos humanos y discapacidad.

• La decisión sobre la interrupción de embarazo, sea cual sea el motivo que lleva a la mujer, o a la pareja progenitora, a llevarla a efecto, debe ser madura e informada, y cuando guarde relación con la discapacidad, debe venir precedida de un conocimiento real, directo y cercano de lo que es y supone la discapacidad individual y familiarmente, y de los recursos y apoyos que existen para estas situaciones. La nueva legislación debe establecer para estos casos protocolos de contacto y relación de la mujer, o la pareja progenitora, con personas con discapacidad y con familias con miembros con discapacidad. A este fin, dichos protocolos deben prever la colaboración activa de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, que pueden prestar un servicio especialmente indicado para este propósito.

• El personal sanitario y los demás profesionales, sociales o de otro tipo, que intervengan en estos procesos (diagnóstico prenatal, consejo médico, primera noticia, orientación sobre apoyos sociales, etc.) deben ofrecer información objetiva, neutral, fiel y sin prejuicios de lo que es y lo que supone la discapacidad, a fin de que la mujer, o la pareja progenitora, disponga de todos los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión libre, madura e informada. Para conseguir esta finalidad, los profesionales sanitarios y sociales deben contar con formación adecuada sobre discapacidad y personas con discapacidad.

• La nueva concepción de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad despliega efectos en múltiples sectores de la legislación y las prácticas administrativas y sociales, obligando a cambiar visiones, actitudes y vías de hecho en relación con la discapacidad, que tradicionalmente venían considerándose como admisibles o tolerables.

• Se hace necesario por tanto un profundo proceso de reflexión en la sociedad, así como en el propio sector de la discapacidad, que dé pie a una labor proactiva de explicación y asunción de la Convención, ya que este tratado internacional obliga a revisar una serie de cuestiones que tienen conexión directa con la discapacidad, y regularlas, interpretarlas y aplicarlas a la luz de una visión de derechos humanos y discapacidad.

La propia Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en su disposición final primera, establece que «trascurridos los tres primeros años de aplicación progresiva de la Ley», lo que ocurrirá en 2010, se llevará a cabo «una evaluación de los resultados de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del Sistema» que se estimen procedentes.

Las propuestas de mejora del CERMI pasan por conectar la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia con las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, al menos en el nivel garantizado, para favorecer la creación de un Sistema uniforme, equilibrado y armónico, sin desigualdades por razón del territorio en el que resida la persona beneficiaria.

Otro bloque de propuestas irá a consolidar y ampliar el bloque de autonomía personal de la Ley, hoy claramente deficitario, en comparación con el de la dependencia pasiva, modelo tradicional que es el que hace suyo la actual Ley. Así, el CERMI planteará la inclusión como prestaciones del Sistema la concesión de productos de apoyo (ayudas técnicas y tecnologías para al autonomía personal) y la cobertura de las actuaciones de accesibilidad universal en el entorno de la persona en situación de dependencia.

Otro dispositivo que hay que potenciar considerablemente es el de los servicios de promoción de la autonomía personal, que hoy está infradotados en la Ley y su despliegue, y que resultan absolutamente esenciales para estimular formas de vida autónoma.

También se pedirá una regulación amplia y flexible de la figura del asistente personal, que debe estar a disposición de cualquier persona que lo necesite para su proyecto de vida, con independencia de su grado y nivel de dependencia, y para todas las actividades de la vida. Asimismo, el CERMI planteará que se creen oficinas de vida independiente por parte de cada Administración, ligadas con el movimiento asociativo de la discapacidad, para la gestión de estos servicios de asistencia personal y la difusión y el fomento de este estilo de vida.

Otros aspectos que necesitarán ser revisados, a juicio del CERMI, son el ajuste de los baremos de valoración a la luz de la experiencia adquirida en estos primeros años, el fortalecimiento del principio de elección y libre opción por parte del usuario, que debe ser el preferente a la hora  de escoger el programa de apoyos, y la mejora de la participación del sector no lucrativo en el despliegue del Sistema y en la gestión de sus servicios y prestaciones.