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El Presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, acompañado de los presidentes de los Cermis autonómicos, encabezó una de las pancartas en la manifestación.
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El movimiento social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), convocó, en el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de diciembre, una gran marcha en Madrid, con el objetivo de defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Bajo el lema «SOS Discapacidad » Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo?, esta gran marcha por la discapacidad, tuvo lugar ayer, 2 de diciembre, por las calles céntricas de la capital, a partir de las 12 horas.
Entre las 90.000 personas que se congregaron para alzar su voz en contra de las medidas que están poniendo en riesgo la calidad de vida y salud de las personas con discapacidad, no sólo se encontraban los particulares que se ven afectados directamente por los recortes; también había un gran número de voluntarios, profesionales y simpatizantes. Todos quisieron unirse ante la inquietante situación que atraviesan, agravada por la crisis y las decisiones políticas de regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzados por España.
Concluida la manifestación, y una vez realizadas las correspondientes valoraciones, la Policía quiso felicitar a los asistentes y a las entidades organizadores por la ejemplaridad y civismo demostrados a lo largo de toda la marcha.
Esta estrategia activa de contestación «SOS Discapacidad» se mantendrá mientras perdure lo más agudo de esta crisis, en defensa de la inclusión, los derechos y la ciudadanía.
A través del siguiente enlace se puede acceder a un vídeo con un resumen del desarrollo de esta acción de protesta.
Con este acto cívico, el CERMI pidió, a través de la lectura del manifiesto que reproducimos a continuación, evitar el colapso de los sistemas y dispositivos de promoción y protección de las personas con discapacidad y sus familias:
Cuando alguien está en peligro, cuando alguien siente una amenaza inminente, que pone en riesgo su integridad y hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un S O S, una llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir con bien de esa situación de absoluta emergencia.
Pues bien, las personas con discapacidad, más de 4 millones de ciudadanos, más de 12 millones si incluimos a sus familias, en 1 de cada 4 hogares españoles se da una situación de discapacidad, lanzamos en vísperas de nuestro Día Internacional y Europeo un SOS colectivo, una llamada de socorro masiva, coreada por miles de mujeres y hombres, con discapacidad y sin ella, pues lo que hemos logrado en términos de derechos, inclusión y bienestar en estos últimos 30 años, todavía muy insuficiente y todavía muy precario, amenaza ruina. Teníamos que estar celebrando una fiesta, y nos vemos en la obligación de asistir a un duelo.
Llegados a este punto, nuestra obligación, como movimiento organizado de la discapacidad, es apelar a los mejor de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes para que este peligro no se materialice. Eso es lo que estamos haciendo aquí esta fría mañana de diciembre las miles de personas concentradas. Nos negamos a desaparecer, y por eso nos rebelamos, pacífica y constructivamente, pero con la contundencia del que tiene razones y motivos de sobra.
Años de una crisis económica aterradora, como nunca se ha visto, y años sobre todo de políticas tóxicas y de decisiones socialmente crueles, en todos los niveles -europeo, nacional, autonómico y local, que parecen cebarse con los más frágiles, están acabando de lleno con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas.
A lo largo de los años, las personas con discapacidad y sus familias hemos sido una minoría discreta y aislada, imperceptible para los poderes y autoridades, y para la sociedad. Hemos sido pacientes y hasta lentos, a la hora de reclamar nuestros derechos, violados en numerosas ocasiones y en múltiples ámbitos. No hemos levantado demasiado la voz para señalar la evidencia de que la discapacidad es una cuestión aún no resuelta, lo que ha llevado a pensar a algunos que al no oírse gritos, no hay había ningún problema. Pero ser pacientes, no quiere decir en absoluto que seamos pasivos ni menos aún sumisos; ser discretos, no significa que no existamos y que por tanto no tengamos presencia y entidad social. Ser pausados, no significa que toleremos agresiones como las que se están produciendo.
Las personas con discapacidad y sus familias somos, estamos y contamos, y reclamamos ahora con toda firmeza compartir como los demás un espacio social construido sobre bases diferentes. Un espacio social abierto a esta parte de la diversidad humana, que la acoja y la respete, y que permita liberar el enorme potencial que encierra.
Si nadie lo remedia, estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica. Si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegamos a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis. Es tan triste como verdad: nunca llegamos a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se nos quitan hasta las migajas.
No es necesario cargar las tintas, porque los datos están ahí, tozudos y acusadores. Estos años están siendo un museo de los horrores para esta parte de la ciudadanía. Incumplimiento sistemático y estructural de muchas de las leyes aprobadas pretendidamente para defender nuestros derechos; aumento de la pobreza y la exclusión, de por sí alta, entre las personas con discapacidad, que se enfrentan además a un sobrecoste de hasta un 40% a la hora de adquirir los mismos productos y servicios que los demás ciudadanos; abandono de los apoyos a la familia, que queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya capacidad de resistencia.
Y mucho más: Debilitamiento, cuando no desaparición pura y simple de los bajos niveles de protección social pública conseguidos; paralización de la creación de empleo para personas con discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral; peligro real de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad. Más de 60.000 empleos en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España pueden desaparecer mañana mismo, por la reducción drástica de los apoyos públicos. Este mismo riesgo corre el empleo en el entorno ordinario, que decrece cada mes que pasa, o el empleo con apoyo, que subsiste como puede, sin apenas ayuda oficial.
Unos entornos llenos todavía de barreras y obstáculos, en los que la accesibilidad universal apenas se abre paso y que discrimina y excluye a las personas con discapacidad, que no pueden hacer lo que con normalidad hacen los demás; desplazarse, comunicarse, acceder a la información, usar las nuevas tecnologías, disfrutar del ocio, la cultura o el turismo. Baste citar la vergüenza de una ley de propiedad horizontal que encierra todavía en sus casas a miles de personas con discapacidad y mayores, para quienes su vivienda no es un hogar sino una cárcel.
Una Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, sobre la que teníamos las mayores expectativas, pero que ha comenzado a ser desmantelada antes siquiera de comenzar a implantarse, frustrando los deseos de cientos de miles de personas con discapacidad y personas mayores que veían en este nuevo dispositivo de protección social un apoyo imprescindible para su autonomía. Una Ley que de autonomía personal solo tiene el nombre, pues está pensada en clave de dependencia, y no de vida independiente y de inclusión en la comunidad, que ha puesto en peligro un sistema de apoyos a la discapacidad con identidad propia y definida.
Un sistema educativo en el que la inclusión real del alumnado con discapacidad es solo una mera declaración, sin traducción práctica ni contenido efectivo en la mayor parte de las ocasiones, y que condicionará para mal toda la vida de la persona con discapacidad, colocándola en una peor situación para acceder a una vida social plena.
Ausencia de un verdadero espacio sociosanitario, tan proclamado como inexistente, esencial para que determinadas discapacidades en aumento constante encuentren una respuesta mínima a sus inaplazables demandas. La desaparición de los programas de atención temprana a niños y niñas con discapacidad, que traen como consecuencia más dependencia en vez de más autonomía personal.
Una prestación ortoprotésica obsoleta y pobre, anclada hace más dos décadas, que no evoluciona con los tiempos para proporcionar más autonomía personal. La generalización por parte de las Administraciones del copago, esa especie de robo con fuerza, que impide o aleja a las personas con discapacidad y sus familias de las prestaciones sociales por falta de recursos suficientes para afrontarlo.
Y dentro de la propia discapacidad, la situación de especial exclusión de las mujeres y niñas con discapacidad, o de las personas con discapacidad que viven en el medio rural, que tienen todavía más dificultades para acceder a los bienes sociales básicos.
Y por si todo esto fuera poco, las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros, por bienes, productos y servicios entregados o prestados y no pagados. Deuda que crece en vez de reducirse. Retrasos de meses y hasta años en el abono de deudas por servicios directos a personas con discapacidad, que son obligación pública, pero que llevan a cabo las organizaciones sociales. Un nivel de deuda disparada, que asfixia las estructuras de la discapacidad y que está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos y dispositivos de soporte, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas con discapacidad, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo.
Y a esto hay que añadir, el impacto de los recortes genéricos practicados en ámbitos como el empleo, la sanidad o la educación, la vivienda, por mencionar solo las áreas más relevantes desde el punto de vista de la inclusión, o del incremento de la fiscalidad, que han repercutido gravemente sobre los recursos y los dispositivos de apoyo a la discapacidad, situándolo en una posición de enorme precariedad, con dudas sobre su misma continuidad.
Además, como factor añadido negativo, se han paralizado las iniciativas nuevas, quedando la agenda política de la discapacidad inactiva, sin avances, todo justificado por la crisis
No somos una isla. Formamos parte de la comunidad y somos plenamente conscientes de que toda la sociedad atraviesa inmensas dificultades. No queremos tratos privilegiados ni ventajas injustificadas. Corremos la suerte de la ciudadanía y solo nos salvaremos a condición de que nos salvemos todos y todas, globalmente. Nos sentimos corresponsables de la buena marcha y del mantenimiento y extensión del bienestar a todas las capas de la población, y somos solidarios, pues conocemos el alto precio de la exclusión y la marginación. Pero no se nos puede pedir ni imponer que llevemos, otra vez más, la peor parte. Asumimos nuestra cuota de esfuerzo, pero sería una injusticia atroz que carguemos con los errores y las maldades de otros, que se van de rositas y evitan siempre las consecuencias de sus actos.
Mientras dure la crisis, no avanzaremos con la velocidad que necesitamos y deseamos, pero no podemos retroceder en el nivel de derechos, inclusión y bienestar alcanzado para las personas con discapacidad y sus familias. Traicionaríamos los mandatos morales y legales más básicos, y se vería burlada la decencia mínima que requiere una vida en comunidad digna de ser vivida.
En el marco de nuestro día, los hombres y mujeres con discapacidad y sus familias hacemos un gesto multitudinario de afirmación de nuestros derechos, de nuestro proceso de inclusión y del bienestar logrado, que no nos vamos a dejar arrebatar. Hemos dejado de ser las víctimas fáciles de la historia y de la vida en sociedad, para ser también coprotagonistas de la misma. Por eso nos movilizamos.
Derechos, Inclusión y Bienestar a Salvo.
