El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a los grupos parlamentarios del Senado que enmienden el proyecto de ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE), en trámite en estos momentos en esa Cámara, para que la reforma de la enseñanza asuma con firmeza la inclusión educativa del alumnado con discapacidad.
La plataforma de la discapacidad advierte a los Grupos políticos del Senado que el texto de la LOMCE aprobado por el Congreso incumple gravemente los mandatos de inclusión educativa que derivan de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que impone a España obligaciones claras y terminantes como parte de este tratado internacional.
El CERMI ha planteado al Senado un documento con más de 45 propuestas de enmiendas, para presentar al proyecto de ley, que buscan fundamentalmente acomodar la legislación educativa española a los requerimientos de la Convención de la ONU, en especial, su artículo 24, dedicado a la garantía de la inclusión educativa.
Como aspectos más nítidamente contrarios a las directrices del tratado de Naciones Unidas en materia de discapacidad, el CERMI señala la necesidad de poner fecha de finalización a cualquier estructura o modalidad de educación especial, que supone la segregación de parte del alumnado con discapacidad y que con arreglo a la Convención, es inadmisible y atenta contra los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En España, más del 20 % del alumnado con discapacidad, unos 40.000 escolares, permanece aún modalidades de educación especial, que deben ser amortizadas y asumidas por una enseñanza que no haga distingos ni diferencias negativas por razón de discapacidad y que asegure los apoyos precisos en un entorno efectivamente inclusivo.
El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ya señaló oficialmente en 2011 que la legislación educativa española debía ser modificada profundamente para ajustarse a los mandatos de la Convención, cuestión que el Gobierno ni el Congreso han asumido, al mantener la normativa reguladora en los mismos términos que hasta ahora, haciendo caso omiso a las obligaciones internacionales exigibles a España.
Otro de los elementos más preocupantes que el CERMI reclama al Senado que subsane es el cambio de la ley para que mientras existan modalidades de escolarización especial, que en todo caso deberían concluir antes del año 2020, la decisión de adscribir al alumnado con discapacidad a una u otra pertenezca a la familia o representantes legales, o al propio escolar, si este es mayor de edad. El que, con arreglo a la legislación actual, la decisión última corresponda a la Administración educativa, supone una vulneración evidente de la libertad de opción que la Convención reconoce a toda persona con discapacidad, en cualquier ámbito.
