El Ministerio de Sanidad y Política Social gestionará desde ahora la Ley de Dependencia

La antigua cartera de Educación, Política Social y Deportes perdió, con la remodelación de gobierno que llevó a cabo la semana pasada el presidente  Rodríguez Zapatero, las competencias sociales, que pasan al ahora Ministerio de Sanidad y Política Social.

Ahora resta saber quién será el «segundo de abordo» en esta cartera, pues será él o ella quien se encargue de gestionar directamente la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Hasta ahora esa persona era Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Política Social, pero parece que ya no se ocupará de los temas de dependencia.

«Si en algún momento ha salido alguna información relativa a que ella pueda dejar el cargo», dijo la nueva ministra durante una entrevista a RTVE,  «primero tengo que hablar con ella», pero aseguró que la fusión de Sanidad con Política Social puede hacer «necesario» que «haya cambios en el organigrama y haya que reconsiderar su propia posición».

Sin embargo, Trinidad Jiménez no descarta ocuparse personalmente de la gestión de la Ley de Dependencia: «Quiero personalmente, como ministra, dedicar una atención a la política social, es un gran reto y es verdad que políticamente lo quiero asumir como primera persona».

Declaró además que asume el reto de eliminar las actuales diferencias en la aplicación de la norma en la Comunidades Autónomas, para evitar un desarrollo de la Ley a dos velocidades: «Voy a tratar que haya una implantación igualitaria en todas las comunidades».

  • Crisis económica

También hubo tiempo de hablar de la actual situación económica y tranquilizar al colectivo de la discapacidad: «Ninguna coyuntura económica va a mermar los derechos de los más necesitados, de los colectivos más vulnerables». Y sentenció sus palabras añadiendo: «si tuviéramos que hacer un esfuerzo complementario, lo vamos a hacer».

Jiménez, que habló en su discurso más de políticas sociales que de sanidad, reconoció que uno de sus grandes retos será conseguir la implantación efectiva de la Ley de Dependencia, pues «el Estado debe ser el que proporcione el apoyo» a las personas con discapacidad.

  •  Toma de posesión

La nueva ministra estuvo arropada en el acto de investidura por la vicepresidente primera, María Teresa Fernández de la Vega, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de cuyo departamento era hasta ahora secretaria de Estado para Iberoamérica.

Trinidad Jiménez recibió las carteras de manos de los titulares salientes de Sanidad, Bernat Soria, y de Educación, Mercedes Cabrera.

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‘——-TEMA DESTACADO——- Reforma legislativa del patrimonio protegido

La Ley sobre patrimonio protegido de personas con discapacidad privilegiaba las aportaciones de bienes inmuebles sobre las realizadas en moneda, pero la reforma de marzo dejará de gravar fiscalmente estas últimas, acorde con la filosofía de DOWN ESPAÑA.

La constitución de Patrimonios Protegidos pretende que familiares, tutores o cualquier persona con interés legítimo, pueda aportar ante Notario bienes y derechos que generen un patrimonio económico a favor de la persona con discapacidad.

Puede hacerse por padres y otros familiares (hasta el tercer grado de consanguinidad), tutores o cualquier persona con interés legítimo, quienes pueden aportar ante Notario bienes y derechos que generen un patrimonio a favor de la persona con discapacidad, que le permita, tanto disponer de fondos suficientes para cubrir los gastos que genera su vida diaria, como y muy principalmente enseñar a las personas con discapacidad intelectual a administrar y disponer de sus propios bienes, logrando así su integración social en un ámbito tan importante como el económico.

En cuanto a los beneficios fiscales y legales de esta iniciativa, DOWN ESPAÑA recuerda que las cantidades aportadas a estos patrimonios gozarán de una reducción en la base imponible del IRPF, o sea, una deducción hasta el límite del tipo marginal de cada cual (máximo del 43%).

  •  La reforma actual

La Ley 1/2009, de reforma de la del Registro Civil y de la 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad, ha añadido un párrafo al artículo 5 de ésta última por el que se especifica y aclara que no se considerarán actos de disposición, y por tanto no tendrán penalización fiscal, los gasto de dinero y consumo de bienes fungibles aportados a patrimonios protegidos, siempre y cuando tales actos se realicen para atender a las necesidades vitales de la persona beneficiaria.

En consecuencia, y siempre que sea con esa finalidad propia del patrimonio protegido, dichos actos de gasto y consumo pueden realizarse desde la aportación, sin necesidad de esperar un plazo de cuatro años.

Aclaración legal que, como dice la exposición de motivos, viene a resolver la disparidad de criterios detectados en la práctica, y las dudas e interpretaciones que habían surgido en los primeros momentos tanto entre el colectivo de notarios como en las diferentes delegaciones territoriales de Hacienda.

Las personas con discapacidad intelectual y sus familiares agrupados alrededor de la Federación Española de Instituciones del Síndrome de Down (DOWN ESPAÑA) ya veníamos aplicando la ley, desde su publicación, en la forma que ahora se confirma como correcta, confiando en la justicia de nuestras pretensiones y la sensatez de nuestros argumentos, sin embargo, nos consta que algunos notarios, por la precaución que siempre inspiran las restrictivas concepciones de las autoridades fiscales y quizá también por la creencia íntima de que la verdadera utilidad de los patrimonios protegidos está en rodear a la persona con discapacidad de un patrimonio inmobiliario, desaconsejaban a los padres la constitución de patrimonios protegidos en dinero.

Pero esa es nuestra decisión; DOWN ESPAÑA, como representante de las personas con ese síndrome en España, ha optado por un tipo de patrimonio protegido que consiste precisamente en la entrega a la persona con discapacidad de cantidades modestas y periódicas de dinero, sobre todo dinero de bolsillo, que queda bajo su administración directa y que está destinado a que lo gasten, aprendiendo así a hacerlo, fomentando su autonomía y facilitando su integración económica en el mundo real.

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500 niños en los cuentacuentos de AMIDOWN

Un toral de 493 niños y niñas de entre tres y doce años participaron durante el año pasado en los cuentacuentos organizados por la asociación leonesa AMIDOWN, junto a la Diputación de León, en el Colegio Público Bernardino Pérez (Valencia de Don Juan) entre septiembre y diciembre de 2008.

Durante la actividad, que se impartió en 24 aulas de Educación Infantil y Primaria, los alumnos participaron en un concurso de dibujo sobre el síndrome de Down, cuyos premios se entregaron en la Diputación de León, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Discapacidad.

A la cita acudió la presidenta de la Diputaci6n, Isabel Carrasco, institución que mantiene una colaboración periódica con AMIDOWN a través de la convocatoria de ayudas para las actividades desarrolladas por entidades de acción social.

El objeto de esta actividad consiste enhacer que los niños tengan un mayor conocimiento del síndrome de Down para que les permita no discriminar a las personas de este colectivo, facilitándoles así el proceso de integraci6n en la sociedad y en el mercado laboral.

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TALITA convoca el Premio Anna Bonomi 2008 de investigación y desarrollo educativo

Los proyectos que concurran a esta cuarta edición del concurso deben haberse desarrollado con anterioridad al 1 de septiembre de 2008 y presentarse en lengua castellana, si bien no existe restricción alguna respecto al país de origen.

El plazo para inscribir los proyectos finaliza el 15 de junio de 2009.

Consulta las bases del premio pinchando aquí.

La Fundación TALITA forma parte de las 82 entidades que conforman DOWN ESPAÑA desde el pasado mes de marzo, federándose junto a la Fundación Catalana Síndrome de Down y BARCELONA DOWN.

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El IMSERSO convoca su II Concurso de Productos de Apoyo y Soluciones de Bajo Coste

El IMSERSO está organizando un nuevo ?Encuentro Internacional de Productos de Apoyo y Recursos de Bajo Coste», dentro del que se encuadra la convocatoria de esta segunda edición del «Concurso de Productos de Apoyo y Soluciones de Bajo Coste».

En torno a las personas mayores o personas con discapacidad se han ido elaborando ayudas caseras o adaptando otros productos que han ido resolviendo las necesidades concretas de ambos colectivos.

El objetivo de este premio consiste en dar a conocer y premiar estas soluciones por lo que tienen de contribución a mejorar la vida de aquellas personas para las que fueron ideados.

Este Concurso, que cierra sus inscripciones el 15 de junio de 2009, tiene una dotación de 1.000 euros y un diploma honorífico. Además existen 2 Accésit de 250 euros y diploma honorífico.

Puede presentarse a este Concurso cualquier persona o colectivo que haya realizado una adaptación o recurso de bajo coste para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad.

Las bases del Concurso, un catálogo de ideas, un blog y demás información están disponibles en: www.recursosbajocoste.es

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La Ley de Dependencia relega las políticas genéricas sobre discapacidad a un segundo plano

Este Comité ve con alarma que algunas comunidades autónomas estén concentrando toda su atención política y presupuestaria en la atención a las situaciones de dependencia, dejando en un segundo plano o rebajando las políticas de igualdad para todas las personas con discapacidad.

Para el Cermi, Comité al que pertenece DOWN ESPAÑA, ambos objetivos son plenamente compatibles y las comunidades autónomas deben esforzarse en promover conjuntamente la atención a la dependencia y promoción de la autonomía con la discapacidad.

El Cermi advirtió a las comunidades autónomas que la atención a las situaciones de dependencia no puede hacerse sacrificando o relegando las políticas genéricas de discapacidad.

Las comunidades autónomas, considera el CERMI, deben acelerar la implantación y despliegue del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para que llegue efectivamente a los ciudadanos, pero sin dejar de lado las políticas públicas de discapacidad.

Recuerda este organismo que todas las personas en situación de dependencia son personas con discapacidad, pero sólo una parte minoritaria de las personas con discapacidad tendrán reconocida administrativamente la situación de dependencia.

Por tanto, son más necesarias que nunca las políticas de discapacidad, pues gran parte de este sector de población no se va ser beneficiado directamente de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y a Atención a la Dependencia.

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La Universidad de Castilla la Mancha crea el máster en “Aspectos Jurídicos de la Discapacidad”

El «Máster en Aspectos Jurídicos de la Discapacidad» está organizado por la Facultad de Derecho de Albacete y consta de dos itinerarios en aspectos jurídicos de la discapacidad, el básico y el avanzado.

El postgrado está formado por 60 créditos universitarios a desarrollar en un año, que comenzará en mayo del presente año hasta mayo de 2010.

El objetivo de este nuevo título no es otro que formar, desde una perspectiva interdisciplinar, a especialistas en materia de discapacidad capaces de orientar, asesorar, tramitar y gestionar todos los servicios específicos en este ámbito, para empresas públicas y privadas y para la eficaz prestación de servicios a los ciudadanos, así como para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con algún tipo de discapacidad.

Está dirigido a todas aquellas personas que tengan una vinculación profesional con áreas relacionadas con la discapacidad (psicólogos, trabajadores sociales, funcionarios de Justicia, profesionales de la salud y licenciados en derecho) que deseen completar su formación jurídica y social.

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El CERMI pide al ministro Gabilondo que reactive la educación inclusiva

Este nuevo plan debe sentar las bases de unas políticas de inclusión educativa que garanticen el derecho a la educación de los alumnos con discapacidad con arreglo a criterios de atención de calidad a la diversidad. Asimismo, debe proporcionar los apoyos necesarios para que los principios de integración e igualdad sean plenamente efectivos en el ámbito educativo.

Ángel Gabilondo, Ministro de Educación

Ángel Gabilondo, Ministro de Educación

Para el CERMI, del que forma parte DOWN ESPAÑA, el avance social de las personas con discapacidad requiere de políticas activas, firmes y sostenidas en el ámbito de la educación, pues el éxito en cuestiones de ciudadanía, empleo, acceso normalizado a bienes y servicios, depende de la calidad de la inclusión educativa. Por eso, resulta imprescindible que en la agenda política educativa figuren con preferencia los asuntos de discapacidad.

Además, el CERMI plantea al nuevo titular de Educación otras iniciativas en este terreno, como la mejora del régimen de becas y ayudas al estudio, en los casos de discapacidad, la adaptación de la legislación educativa española a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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Barcelona se manifiesta en favor de una educación inclusiva

La concentración, a la que han asistido numerosas familias de escolares con síndrome de Down, X Frágil y otras con discapacidades físicas y psíquicas, ha sido convocada por la Plataforma ciudadana por una Escuela Inclusiva de Cataluña.

A esta Plataforma pertenecen, entre otras muchas entidades, la Fundación Catalana Síndrome de Down y DOWN CATALUÑA (Fundació Projecte Aura, DOWN LLEIDA, DOWN GIRONA, DOWN TARRAGONA).

Los manifestantes reclamaron una «educación de calidad que no excluya a nadie» para acabar así con la «segregación» que sufre este colectivo.

'La escuela inclusiva es un derecho', reza una de las pancartas. Foto: EFE

‘La escuela inclusiva es un derecho’, reza una de las pancartas. Foto: EFE

La Plataforma propone una modificación del artículo 78 del proyecto de Ley de Educación, concretamente de los puntos cuatro y cinco, donde se especifica que los alumnos con discapacidad se escolarizarán en Centros de Educación Especializados (CEE) si no pueden ser atendidos en centros ordinarios.

La secretaria de la Plataforma, Noemí Santiveri, afirmó que en la ley actual «la inclusión es una falacia y no una realidad», ya que la escolarización de discapacitados en centros ordinarios depende de «decisiones subjetivas».

En la manifestación, una alumna con discapacidad leyó un manifiesto que pedía una LEC «que garantice la existencia de un único sistema general de educación para todos dotado de los recursos necesarios para atender adecuadamente la diversidad del alumnado en un plazo de diez años». Es decir, un modelo que transforme los centros especializados en recursos de apoyo a los centros ordinarios.

En los últimos meses, la Plataforma ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios catalanes, su reivindicación de que Cataluña camine «decididamente» hacia un modelo de escuela inclusiva capaz de acoger a todos los niños.

Santiveri ha recordado a la agencia EFE que «Cataluña ocupa el último lugar en inclusión o, según como se mire, en el primero en exclusión» de España, según datos oficiales del Ministerio de Educación.

«Si la Ley se aprueba con su redactado actual, o el de las enmiendas que se han presentado, toda la voluntad inclusiva que proclama a lo largo del articulado no pasará de ser papel mojado», ha afirmado.

En la protesta participó la portavoz del grupo parlamentario de ICV-EUiA, Dolors Camats, que aseguró a los asistentes que en el último tramo de debate de la Ley en ponencia intentará que se recojan estas reivindicaciones en favor de una escuela inclusiva.

“El sistema de Dependencia no aguantará con la actual financiación más allá de 2010″

El diario asturiano La Nueva España publicó el pasado fin de semana una entrevista a Pedro Martinez que transcribimos aquí íntegramente por su interés.

Los números cantan. El Estado paga a las administraciones autonómicas 263,93 euros al mes por las personas que tienen reconocido el grado máximo de dependencia (grado III, nivel 2). El coste de una plaza residencial del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias) es, actualmente, de 1.229 euros, y tres horas diarias de ayuda a domicilio cuestan, según Rodríguez, más de mil euros mensuales.

¿Es posible ofrecer las prestaciones establecidas por la ley de Dependencia manteniendo la financiación actual»
«El sistema de Dependencia no va a ser soportable con esta financiación más allá de este año o el que viene, a menos que desde la perspectiva de la ley de Financiación Autonómica se contemple el envejecimiento y la dependencia de la población de cada comunidad autónoma. El nivel mínimo garantizado de financiación, que paga el
Estado y debería cubrir la mitad del coste del servicio o la prestación, es
insuficiente. No supone el 50 por ciento del coste del servicio, ni siquiera
el 35 por ciento si contamos con el copago del usuario.

«El nuevo criterio de reparto de los fondos del nivel acordado, que tiene en cuenta las evaluaciones realizadas, ¿perjudica o beneficia a Asturias»
«No son las evaluaciones realizadas sino las personas que tienen reconocido como un derecho su grado de dependencia «los grados III y II, que son los que según la aplicación gradual de la ley corresponden a este año». El nivel acordado de financiación, la otra fuente estatal, tiene como objeto facilitar el incremento de servicios y plazas residenciales, y las comunidades autónomas han de justificar a final de año ese incremento. La comunidad más beneficiada es, conmucho, Andalucía, que es la que propuso introducir ese nuevo criterio. La medida también es positiva para Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, PaísVasco, Navarra y Murcia, y también para Asturias que está por encima de la media nacional.

«¿El programa informático está fallando» ¿Hay que revisar todas las solicitudes»
«El sistema informático se puso en marcha entre marzo y mayo de 2008, cuando ya había expedientes iniciados en papel. Es un sistema que empezó a trancas y barrancas y en el que todos meten mano y es necesario depurar mucha información.
Para ello cada dos semanas viene un técnico del Imserso y se dedica un día a revisar el sistema informático y cotejar ámbitos de error.

«¿Esas revisiones retrasarán la asignación de prestaciones»
«No afectan a los ciudadanos. Identificamos ámbitos de error, ya sean de mecanización o derivados del desarrollo del sistema. También se producen desvíos por una duplicación de servicios.

«Sin embargo, el Ministerio desmintió por escrito que hubiera fallos en el sistema informático.
«Yo mismo oí decir a la directora del Imserso que había 74.000 difuntos dentro del sistema, en toda España. El capítulo de «otros» era, a nivel nacional, de 233.000 personas en febrero, 262.000 a día de hoy. Nosotros, en Asturias, no podemos corregirlo porque aún no tenemos explotación informática.

«Dicen que la espera para recibir una prestación es larga.
«El número de personas con grado III de dependencia pendientes de una prestación residencial, de una plaza en el ERA, oscila entre las cincuenta y las sesenta personas, una cifra que me parece bastante razonable.

«¿Cuánto tiempo transcurre desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe la prestación»
«Depende de las áreas territoriales. Por encima del 90 por ciento están atendidos el Noroccidente, el Suroccidental, Oriente y Nalón. En el resto de la provincia, la atención es peor, particularmente en Oviedo, el área más grande y más dispersa
«de Nava a Siero». Ahí estamos en el 70 por ciento. En Oviedo, a día de hoy estoy firmando resoluciones con planes personalizados de atención de mayo de 2008.

«Los usuarios prefieren prestaciones económicas a servicios y la ley prioriza los servicios.
?La ley califica las prestaciones económicas como excepcionales. En Alemania, cuando empezaron en 1995 con una ley muy parecida a la nuestra el boom fueron las prestaciones familiares, que a día de hoy son minoritarias. La ley, inicialmente,
reconoce un hecho: más de la mitad de las personas dependientes están siendo atendidas por su familia. Pero de todos modos, en el último recuento que hicimos de
personas que han dejado el servicio que recibían, en una residencia por ejemplo, por una prestación económica no encontramos ni 20 casos. Sí que hay un cierto malestar en el sector empresarial, quizá porque se pensaba que la ley iba a servir para trasladar a este sector los beneficios de la construcción.

«Las personas dependientes prefieren permanecer en sus domicilios
todo el tiempo posible.

«Aún siendo insuficiente la red de centros de día, todos ellos tienen problemas para cubrir todas sus plazas. La gente prefiere estar en su domicilio, forma parte de nuestra cultura. La atención en el hogar con un cuidador familiar es y será el servicio más barato. Hay varios retos en ese sentido, entre ellos apoyar formativamente a los cuidadores familiares. Lo incontestable es
que muchos dependientes estaban siendo atendidos por sus familias y
la ley reconoce eso.

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