La reforma de la Ley del aborto está dando mucho de qué hablar desde hace semanas. Primero fue por el informe que un comité de expertos elaboró para el Ministerio de Igualdad y que abría la puerta al aborto en casos de anomalías fetales.
Como ese desarrollo legal podría haber entrado en colisión con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ministra Bibiana Aido aseguró posteriormente que a partir de la semana 22 primaría «la protección del feto» con independencia de las anomalías que presentase, salvo que éstas fuesen «incompatibles con la vida del niño».
Con anterioridad a estas 22 semanas existiría un plazo previo de 14 semanas en el que el aborto sería libre. Qué ocurriría entre la semana 14 y la 22 era y es todavía una incógnita.
Pero ahora, según informa El País, el Gobierno se estaría planteando permitir abortar en aquellos casos en los que las malformaciones fuesen muy graves pero compatibles con la vida. Para determinar en qué situaciones se permitiría la interrupción del embarazo, la Ley podría incorporar supuestos determinados que complementasen ese «compatible con la vida» o crear comités médicos que analizaran cada uno de los casos.
La intención de esta nueva orientación legal, siempre según El País, sería evitar el nacimiento de niños con malformaciones que, siendo compatibles con la vida, no permitieran llevar una vida digna, condenándole «a malvivir sin conciencia, en ocasiones con sufrimiento, el tiempo que dure su vida, por lo general escaso», en palabras del propio diario.
Transcribimos aquí íntegramente el artículo del rotativo, que viene firmado por Mónica Ceberio Belaza:
El Gobierno baraja crear comités médicos para abortos fuera de plazo
Gemma Botifoll, de 29 años, tuvo que acudir a un hospital francés, a 1.000 kilómetros de su casa, después de que le detectaran, en la semana 34 del embarazo, una malformación gravísima al bebé que esperaba. El niño, si vivía, sería un vegetal. Cada año hay en España más de 1.000 casos de anomalías que se descubren después de la semana 22, según las estimaciones que maneja el Gobierno. Sólo en Cataluña, única comunidad que aporta cifras oficiales, se detectan al menos 100. Y familias como la de Gemma urgen al Ejecutivo de Zapatero a que solucione de una vez, a través de la reforma de la ley del aborto, un problema que lleva años coleando y que ha ocasionado decenas de casos de viajes sanitarios hacia Francia y Bélgica.
El Gobierno, que en un principio pensaba autorizar los abortos posteriores a la semana 22 únicamente cuando las lesiones del feto fueran «incompatibles con la vida», intenta dar cobertura a estos casos y baraja crear comités médicos en algunos hospitales -siguiendo el modelo francés- para que sean ellos los que decidan si la gravedad del caso hace necesario interrumpir el embarazo aunque la gestación esté avanzada. La otra solución que sopesan, según fuentes del ministerio, es añadir en la ley, junto al «incompatible con la vida», una cláusula que recoja estos supuestos. La redacción es complicada, porque debe evitarse que se abra la puerta a un margen de interpretación demasiado amplio.
Si se opta por la solución del comité, éste estaría formado por distintos especialistas (pediatras, ginecólogos, neurólogos, cardiólogos…). Dado el modelo de gestión sanitario español, y como las competencias están transferidas a las autonomías, tendría que haber al menos un comité por comunidad, en alguno de los grandes hospitales. Y aquí podría aparecer ya el primer problema. Los comités en Francia son puramente técnicos. Son médicos que examinan si el feto sobre el que van a decidir puede tener una vida digna o está condenado a malvivir sin conciencia, en ocasiones con sufrimiento, el tiempo que dure su vida, por lo general escaso. No hay ideología en esta valoración. Pero en España la cuestión del aborto está tan politizada que según quién y cómo nombre a los miembros de los comités autonómicos, estos podrían acabar en manos de médicos contrarios al aborto y dispuestos a paralizar cualquier petición. Si el comité se llenara de objetores de conciencia, dejaría de tener sentido. En Francia, el sistema de comités regionales funciona. La ley es restrictiva (12 semanas de plazo libre para abortar y después sólo en casos de extrema gravedad de malformaciones fetales o riesgo para la vida de la madre) y a pesar de ello han autorizado durante los últimos dos años un buen número de abortos a mujeres españolas a las que la sanidad de su país dejaba sin respuesta.
«Espero que el Gobierno lo solucione, porque no quiero que nadie tenga que salir de España como yo lo hice, como delincuente, atravesando la frontera con Francia en coche con un embarazo de 37 semanas», relata Gemma Botifoll. Es poco habitual que las mujeres que han acudido a Francia a interrumpir su embarazo deseen hacer público su caso con nombre y apellidos, pero ella se reivindica: «No tengo por qué avergonzarme. No hice nada malo y sí sufrí las consecuencias de una política sin sentido. No entiendo cómo alguien puede pensar que esto se hace por gusto. Yo me marché porque mi bebé sólo iba a sufrir. Me dijeron que sería un vegetal y que habría que esperar días, semanas, meses o años a que muriera. Yo lo quería más que nada, pero no me hubiera perdonado traerle al mundo para esto».
A las 34 semanas le diagnosticaron la anomalía fetal. Durante las tres siguientes, en los hospitales españoles le dijeron que lo que tenía el bebé era muy grave, pero que no podían hacer nada: «Mi niño sería un vegetal, ciego, sordo, inmóvil, que podría durar vivo tres meses o cinco años. Así que no me quedó otra que coger el coche con mi pareja, embarazadísima como estaba, y marchar a Rennes. Tardamos 10 horas en llegar». Allí, el comité médico estudió su caso, vio la gravedad de la enfermedad, y autorizó la interrupción del embarazo. «La doctora me decía que, con lo modernas que eran las leyes en España, cómo era posible que no se hiciera nada con mi caso. Estaban extrañadísimos». «Me trataron muy bien», prosigue. «Registraron al niño, le hicieron la autopsia y luego le incineraron. Yo estaba muy triste. Ese niño era lo más importante para mí. Pero al menos en Francia entendieron lo que pasaba».
Como el de Gemma, todos estos casos son de embarazos deseados en los que se descubre una grave e incurable enfermedad de forma tardía. «La mayoría porque se producen tardíamente en la gestación y algunas porque escapan a los controles diagnósticos de las ecografías de las 20 semanas», según consta en un informe presentado al Gobierno por tres prestigiosas especialistas en diagnóstico prenatal. Y son alteraciones que no siempre son «incompatibles con la vida», como se señala en este informe: «De hecho, la mayoría sí son compatibles con la vida, pero los recién nacidos presentan graves deficiencias físicas y psíquicas con una calidad de vida muy mermada». Suelen ser problemas que afectan al sistema nervioso central del feto o al corazón.
Otro problema que se solucionaría con los comités es el de los pronósticos inciertos. Ahora, muchas mujeres se ven obligadas a decidir si abortan o no a pesar de que los médicos aún no están seguros de cómo está el feto. Lo hacen para que no se les pase el plazo. Estos abortos podrían evitarse si los padres supieran que pueden interrumpir el embarazo más adelante.
En España, ahora, sólo se puede abortar por malformaciones fetales hasta la semana 22. Pasado ese tiempo, se puede acudir al subterfugio del riesgo para la salud psíquica de la madre -que no tiene plazo-, pero hace más de un año y medio los médicos de las clínicas privadas empezaron a negarse, tras la campaña antiabortista desplegada por algunos sectores. La reforma que emprenderá el Gobierno es clara en algunos puntos: 14 semanas de plazo libre para abortar y 22 si hay malformaciones fetales o riesgo para la salud de la madre. Lo que debe determinarse es cómo regular los supuestos excepcionales posteriores, los más tristes y peliagudos.
