La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y a las familias, más conocida como Ley de Dependencia, establece que los gastos de los servicios prestados a las personas dependientes sean sufragados conjuntamente entre los propios beneficiarios y las administraciones públicas, lo que se conoce como copago.
Pues bien, esta parte de los gastos que deberá afrontar la persona dependiente será diferente en cada comunidad autónoma, pues serán éstas quienes establezcan los máximos y mínimos a abonar según criterios de renta y patrimonio de las personas dependientes.
Esto significa que, en la práctica, una persona con dependencia pagará cuantías diferentes por servicios idénticos en función de si vive en una comunidad autónoma u otra.
Para fijar la cantidad a pagar, las administraciones públicas utilizarán como baremo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), establecido en 516,90 euros. Si la renta mensual de la persona dependiente es inferior a esta cantidad, no deberá abonar nada por los servicios que le brinde la ley; pero, si sus ingresos superan dicha cantidad, tendrán que hacer frente al pago del porcentaje de dichos servicios que establezca cada comunidad autónoma.
La residencia habitual de la persona con dependencia se tomará en cuenta a la hora de computar su solvencia económica única y exclusivamente si vive solo en ella y ha solicitado plaza en una residencia asistida.
Además, la prestación que reciba el beneficiario nunca podrá ser inferior al 40% de la cuantía establecida anualmente para la prestación económica vinculada al servicio y del 75% para la de cuidados en el entorno familiar.
PROFESIONALES
En cuanto a los profesionales que atienden a las personas con dependencia, se ha establecido que para el año 2015 deberán estar todos titulados, pues hasta ahora el nivel de profesionalidad es del 30%. En este sentido, y según informó Europa Press, el Gobierno tiene prevista la creación de títulos de Formación Específica para estos profesionales.
LA LEY EN NÚMEROS
Según el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, existen 641.485 solicitudes presentadas ante las administraciones en relación a la Ley de Dependencia. De ella, 545.884 habían sido ya valoradas, y a su vez, 515.672 disponían de un dictamen. Un total de 397.414 tenían derecho a prestación.
Sin embargo, a pesar de lo detallado de estas cifras, el diario Expansión denunció a finales de noviembre que, si bien había 397.000 beneficiarios de ayudas a fecha de 1 de noviembre, «esta clasificación no aclara un matiz: en esa partida se engloba tanto a los que reciben una prestación de facto como a los que tienen en su posesión una carta de la Administración que les reconoce el derecho- -sólo el derecho- a recibirla. En la práctica, se desconoce qué porcentaje de la población está recibiendo ayudas».
FINANCIACIÓN
En materia económica, el mismo diario asegura que, «del apartado referido al «nivel mínimo» de ayudas, la administración pública ha desembolsado, a fecha de uno de noviembre, 382 millones de euros, un 6o% de lo comprometido».
Y añade: «el Estado se comprometió a invertir en el apartado de «nivel mínimo de protección garantizado» 28o millones de euros el pasado año, tal y como recogen los Presupuestos. Pues bien, tras el anuncio a bombo y platillo de esa inversión social, el Ejecutivo aclara ahora -más de un año después- que el nivel de gasto acumulado hasta diciembre de 2007 fue de 82,5 millones de euros, es decir, el 45% de la cifra oficial».
