Agustín Huete García, profesor de la Facultad de Educación. INICO. Universidad de Salamanca, reflexiona en este artículo sobre el debate actual en torno a la necesidad de transformar el modelo educativo actual en uno verdaderamente inclusivo.
La generalización del Derecho a la Educación es, junto a la Seguridad Social, la Sanidad y los Servicios Sociales, una conquista del Estado de Bienestar Social moderno, para cuyo éxito ha resultado fundamental la aplicación del principio de “igualdad de oportunidades” para todas las personas. Una sociedad es más avanzada cuanto más eficiente es en la extensión de sus sistemas de protección social, esto es, más capaz de dar respuesta al mayor número posible de colectivos en situación de desventaja.
Históricamente, las personas con discapacidad han sido etiquetadas, estigmatizadas y colocadas en una posición de inferioridad frente al resto de la ciudadanía, generando así actitudes de rechazo y conductas de sobreprotección que han conducido, por vías diferentes, a un trato de personas incapaces de valerse por sí mismas. Las personas con discapacidad se han visto así impedidas para ejercer sus derechos, y condenadas a una situación de ciudadanía de “segunda clase”.
Afortunadamente, la discapacidad es concebida hoy no como un problema individual sino social, cuyo resultado es de desventaja a la hora de participar en igualdad de oportunidades en la sociedad. Desde esta perspectiva, dado que las personas con discapacidad son titulares de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, la sociedad debería eliminar cualquier barrera que pueda obstaculizar el acceso a los recursos y servicios educativos, sociales, sanitarios, así como a los espacios de participación social, política y cultural.
Una vez entendemos la discapacidad como una forma de exclusión social, como podría ser la de clase social, género o etnia, los sistemas de enseñanza aparecen no sólo como los escenarios donde dicha segregación es más evidente, sino como herramientas poderosas para generar igualdad de oportunidades, con los ajustes necesarios.
La escuela es mucho más que una herramienta para impartir conocimiento, es un agente de socialización clave que reparte capital cultural, modelos de comportamiento, relaciones personales, vínculos, expectativas sobre la propia vida y la de quienes nos rodean. Es por tanto un elemento fundamental para facilitar la inclusión social adaptada, productiva, relevante, significativa y realizada en sociedad. Además, el desarrollo de actitudes inclusivas en la escuela, esto es, en el profesorado, alumnado y demás agentes escolares, contribuye a prevenir la exclusión social en otros ámbitos de la vida comunitaria.
La exclusión del sistema de enseñanza puede traer consigo la exclusión de la sociedad, asentando en el imaginario colectivo la discapacidad con la segregación, es decir, justificando desde la infancia que lo mejor para las personas con discapacidad es que permanezcan aparte, primero en la escuela, después en cualquier otro escenario social. Esta segregación, este engaño, es frecuentemente asumido como adecuado por la propia persona con discapacidad y su familia, porque la exclusión no es posible sin la aceptación tácita de quien la sufre.
La aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la educación hacia las personas con discapacidad no se ha entendido de la misma manera en los diferentes sistemas de enseñanza modernos, aunque en general se han sucedido similares estrategias más o menos exitosas, relacionadas con:
- Especialización y especificidad, como fundamento de la Educación Especial, tienen un valor innegable: el reconocimiento de que los sistemas de enseñanza precisan instrumentos adecuados para adaptarse a las necesidades de apoyo de los niños y niñas con discapacidad, de forma que estos obtengan el mayor rendimiento posible.
- Normalización, integración e inclusión, como fundamento de la Educación Inclusiva, tienen también un valor innegable: el reconocimiento de que los sistemas de enseñanza son, además de necesarios para aprender, fundamentales para acceder a la participación social, la ciudadanía y la identidad en igualdad de condiciones.
Tanto la educación especial, como la inclusión educativa son estrategias orientadas el éxito escolar de las personas con discapacidad, la primera a través de una estrategia técnica, y la segunda a través de una estrategia social. Son por tanto vías complementarias, que únicamente parecen contradictorias cuando entra en juego el espacio, es decir, la ubicación de los recursos especializados en lugares específicos para personas con discapacidad, creando así lugares segregados, incompatibles con la inclusión. He aquí la falsedad del debate: el espacio, el lugar, el edificio.
En realidad, cualquier instancia de la administración educativa puede ser “de Educación Especial” y a la vez “Inclusivo” si cuenta con los recursos adecuados para la enseñanza de cualquier niño o niña. La centralización de estos recursos en un mismo edificio -cerrado además a la enseñanza de niños “sin discapacidad”- es una mera opción burocrática, que mantiene algunos de los efectos virtuosos (aprendizaje, calidad de vida, seguridad, respeto), pero también los más perniciosos de cualquier forma de institucionalización (segregación, invisibilización, discriminación, falta de expectativas).
Los centros o aulas segregadas de Educación Especial son por tanto núcleos privilegiados de recursos y de conocimiento para el máximo rendimiento educativo en las personas con discapacidad, pero suponen una barrera infranqueable para lograr una plena inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad. Y es por su condición de “centros”, no por su condición de “especiales”, por lo que cabe un debate sobre su existencia.
Las necesidades educativas del alumnado con discapacidad requieren, claro que sí, una respuesta especializada y constante a lo largo de todo el período educativo, que permita la maximización de sus capacidades, la obtención del máximo rendimiento y la inclusión social en ausencia de discriminación. Esta cuestión no admite debate alguno. Ahora bien, defender la segregación de los niños y niñas con discapacidad en los Centros separados de Educación Especial como la mejor alternativa para su educación, supone tanto como aceptar el fracaso de la escuela ordinaria en la provisión de los apoyos necesarios para que los miles de niños y niñas que permanecen hoy día segregados, tengan la oportunidad de escolarizarse allí donde les corresponde, en su medio natural.
Este debate no es nuevo, la humanidad se ha preguntado antes de hoy si las mujeres, los negros o los pobres debían ser escolarizados, y después de esto, si debían ser escolarizados en centros aparte, o en las mismas aulas que los hombres blancos ricos. En el fondo, el debate está en si nos creemos realmente que las personas con discapacidad son titulares de la misma dignidad y derechos que el resto de las personas. Si es así, la única alternativa posible es la inclusión, con el despliegue de medios especiales que sea preciso, y con la participación indispensable de los especialistas que durante años han hecho su labor en los Centros de Educación Especial, y que están llamados a liderar la transformación de los centros segregados en la vanguardia de la inclusión. Sin su participación, sin su liderazgo, la lucha contra la discriminación presente y futura de las personas con discapacidad será poco menos que imposible.
Iniciaba esta reflexión tildando de falso el debate actual sobre el cierre de los Centros de Educación Especial. He intentado mostrar que es falso, porque nadie en su sano juicio se plantearía si la Educación Especial debe existir, o si debemos renunciar como sociedad al despliegue de medios y conocimiento que los Centros de Educación Especial albergan. La cuestión en realidad, es si esos medios deben permanecer centralizados y cerrados al resto de la población, o abiertos en un sistema escolar capaz de adaptarse a las necesidades de los niños y niñas. Y aquí viene la que considero auténtica pregunta (o preguntas) para el debate:
¿Está el sistema escolar preparado para disponer los medios técnicos que se necesitan para escolarizar a los niños y niñas con discapacidad en los centros escolares ordinarios?
¿Están los maestros y maestras del sistema escolar ordinario dispuestos a admitir en sus aulas a todos los niños y niñas con discapacidad, y a los especialistas de la educación especial que les apoyan?
¿Están los maestros y maestras de los Centros de Educación Especial dispuestos a salir de la zona de confort que su centro cerrado les supone, para ir a las aulas ordinarias a poner su conocimiento y experiencia al servicio de la inclusión?
¿Están los gestores y los especialistas pedagógicos preparados para flexibilizar el sistema de enseñanza de forma que este se ponga al servicio de los niños y niñas, independientemente de sus habilidades funcionales, y no al contrario?
¿Están, por fin, los gestores del sistema preparados para renunciar a la comodidad de centralizar los recursos en centros especiales, y admitir la complejidad de poner los recursos especiales allí donde están los niños y niñas que los necesitan?
