Según la legislación vigente en España, una persona con discapacidad intelectual importante debería estar incapacitada jurídicamente. Esta realidad entra en conflicto con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde 2008, que considera la autonomía un derecho básico y obliga a garantizar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer esa autonomía.
«Las personas con discapacidad», reconoce la Convención en su artículo 12, «tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida», y añade que es facultad del Estado tomar «las medidas pertinentes» para garantizar cualquier «apoyo que pueda necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica». Estas salvaguardias deben respetar sus derechos, voluntad y preferencias y ser «proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona», evitando que «haya conflicto de intereses ni influencia indebida».
La Convención introduce, por tanto, un nuevo paradigma de ámbito legal en nuestro país que viene a ratificar el trabajo que DOWN ESPAÑA desarrolla para garantizar la autonomía del colectivo.
Atendiendo a esto, DOWN ESPAÑA recomienda a las familias de sus 82 instituciones federadas que no incapaciten jurídicamente a las personas con discapacidad intelectual, pues esto entraría en conflicto con los dictados de la Convención y con la futura legislación española, pues nuestro país está obligado a revisar su cuerpo legislativo para adaptarlo a esta Convención (labor que todavía está pendiente).
DOWN ESPAÑA apuesta por la eliminación de toda tutela y patria potestad respecto a las personas con síndrome de Down y trabaja para que este colectivo viva de forma autónoma e independiente con los debidos apoyos en todas las etapas de su vida, en la misma línea que ha venido a ratificar ahora la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Presidente de DOWN ESPAÑA, Pedro Otón, se ha dirigido a las 82 entidades federadas a DOWN ESPAÑA para recomendar que las familias no incapaciten jurídicamente a las personas con síndrome de Down. Reproducimos aquí íntegramente el contenido de la misiva:
En DOWN ESPAÑA hemos recibido, recientemente, varias consultas que nos plantean la situación actual respecto a la figura legal de la incapacitación de personas con síndrome de Down, por razón de su discapacidad.
Con la legislación actual, anterior a la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad (vigente en España desde mayo de 2008), esto es, estando a lo que dice el vigente Código Civil, es cierto que una persona con discapacidad intelectual importante debería estar incapacitada y que la incapacitación no es voluntaria en ese régimen legal, estando obligados los familiares (los padres, en su caso) a promoverla en el Juzgado. Además, y por las razones que ya han sido explicadas en muchas ocasiones en reuniones, foros, etc», la incapacitación permite aplicar mejor las leyes de herencia y otras protecciones a las personas con discapacidad, de manera que desde DOWN ESPAÑA se ha venido recomendando «insistentemente- a los padres que incapaciten judicialmente a sus hijos con discapacidad intelectual.
Sin embargo, toda esa legislación ha quedado en entredicho con la actual Convención Internacional (aprobada unánimemente por nuestro Parlamento, en el año 2007), que ha declarado la plena capacidad de obrar de todas las personas con discapacidad, sin distinciones, dotándolas de los apoyos necesarios y de forma que no se produzcan abusos o influencias indebidas. O sea, en la forma que habitualmente venimos promoviendo su autonomía, en todos los demás órdenes de la vida.
El Gobierno español tiene asumido públicamente el compromiso de adecuar las leyes nacionales a esa Convención, en un plazo que ya ha pasado. No lo ha hecho y tampoco ha declarado la forma en que lo va a hacer ni cuándo.
Varios grupos de estudio de carácter jurídico, actualmente en curso en España -en los que se encuentra representada DOWN ESPAÑA- están proponiendo la completa desaparición de la tutela y patria potestad prorrogada (incluso las ya constituidas) y su sustitución por mecanismos de apoyo a la capacidad de obrar, pero esos estudios no han recibido aún el respaldo del Gobierno, ante el que han sido presentados.
Se trata de una situación que está en proceso de cambio en la actualidad; que necesariamente ha de cambiar, ya sea en el sentido que nosotros proponemos (desaparición de la tutela) o en otro menos radical (reforma de la tutela actual), pero que nadie está diciendo que deba seguir igual. Incluso en el caso, no deseable, de que se mantenga la tutela, sin duda será con otros criterios distintos a los actuales, por lo que podría ser incluso necesario modificar las sentencias anteriores.
Por lo tanto, desde DOWN ESPAÑA, queremos recomendar a las familias que esperen. Que no pongan en marcha por ahora nuevos procedimientos de incapacitación o incluso, si puede ser, que dejen en suspenso los ya iniciados (dependerá del juez y el fiscal, que puede continuar aunque los familiares se opongan).
Una vez que se despejen las dudas y a la vista de las decisiones del Gobierno y del Parlamento, será el momento de volver a estudiar la situación, y desde DOWN ESPAÑA se harán las propuestas oportunas; pero -por ahora- lo conveniente es no hacer nada.
Me gustaría que pudierais dar la mayor difusión posible a esta información entre vuestras familias y, desde DOWN ESPAÑA, nos ponemos a vuestra disposición para ampliar detalles si lo veis necesario.
Un cordial saludo.
Pedro Otón Hernández
