Del 5% de las plazas que hasta ahora se reservaban en Navarra para discapacitados en las oposiciones a funcionarios, un 20% estarán destinadas a personas con discapacidad intelectual, pero además los exámenes estarán también adaptados a este colectivo.
La Comunidad Foral de Navarra reserva a discapacitados un 5% de las plazas de las convocatorias para cubrir puestos de funcionarios, pero hasta ahora no distinguía en sus pruebas entre discapacitados físicos, sensoriales o intelectuales, con el consecuente perjuicio para estos últimos.
Esta situación, en una decisión sin precedentes, va a cambiar a partir de ahora, pues los exámenes de acceso serán adaptados para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, que no podían competir en igualdad de condiciones en unas pruebas diseñadas para personas sin discapacidad.
La noticia la dio a conocer Gregorio Eguílaz, director general de Función Pública del Gobierno de Navarra en el marco de la jornada «Discapacidad y empleo: futuro inmediato», que tuvo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, en Pamplona, el pasado miércoles 26.
Eguílaz defendió la realización de «otro tipo de pruebas con las que mostrar si están capacitados para desempeñar las funciones del puesto».
El texto, que ya está en el Parlamento autonómico, dedicará hasta el 20% de las plazas reservadas para minusvalía (que es del 5%) para personas con discapacidad intelectual, aunque siempre que existan puestos vacantes que se adapten a sus peculiaridades.
PROPUESTA DE CiU
A nivel Estatal tampoco faltan las iniciativas, pues el Grupo parlamentario Catalán, Convërgencia i Unió (CiU), ha sugerido recientemente al Gobierno modificar el cupo de reserva de discapacidad, para ampliar éste del 5% al 7%, reservando, a su vez, ese 2% «extra» para personas con discapacidad intelectual.
La Propuesta de Ley del grupo parlamentario sustenta estos cambios en que supondría «una buena fórmula para fomentar la incorporación de estas personas con discapacidad -severamente excluidas del mercado laboral- al empleo público». Y todo ello debido al «positivo cambio de tendencia en materia de acceso al empleo público experimentado desde el año 2004».
Además, CiU pretende que las pruebas para personas discapacitadas sean independientes a las realizadas por aspirantes sin discapacidad, tal y «como indica ya el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre».
Por último, añade el texto, «si las plazas reservadas y que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran la tasa del 4 por ciento de las plazas convocadas, las plazas no cubiertas se propone que se acumulen al cupo del 7 por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15 por ciento?.
La Propuesta de Ley fue presentada en el Congreso de los Diputados el pasado día 7 de noviembre por Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz Convergència i Unió, y está a la espera de la respuesta del Ejecutivo.
Los cambios propuestos afectarían a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público, y a la Ley 30/1984 de medidas de reforma para la función pública, en su redacción dada por la Ley 53/2003, en relación con el cupo de reserva de empleo público para personas con discapacidad.
Enlaces:
Propuesta de Ley presentada por CiU en el Congreso de los Diputados
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