Ayer —3 de mayo— se conmemoró el 20.º aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento internacional destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que España ratificó en 2008.

La Convención aborda de manera integral todos los derechos del colectivo de las personas con discapacidad, desde el derecho a una educación inclusiva hasta el acceso a un empleo digno, la participación social, la vida independiente o la igualdad ante la ley. Se trata, por tanto, de un marco de referencia clave para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

A pesar de que se han cumplido 20 años de la vigencia de esta herramienta transformadora, en palabras del director de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, “el balance de estos 20 años de aplicación de la Convención es agridulce”.

“Sigue siendo un texto sin aplicar de forma firme y coherente en todas nuestras políticas (claramente y, sobre todo, de forma muy deficiente todavía en el ámbito de la educación inclusiva y del empleo inclusivo). Pese a que fue un texto aprobado de forma unánime por nuestro país, su aplicación efectiva sigue sin ser asumida con valentía por nuestros representantes políticos y administradores públicos, y nuestras políticas todavía adolecen de una fuerte carga de enfoque asistencial, y no de respeto al marco de derechos de las personas con discapacidad, y al fomento de su libertad y autonomía”, señala Matía.

“Aunque —continúa— en los últimos años hemos avanzado en el espacio de la capacidad jurídica (art. 12 de la Convención), apenas hemos avanzado en el impulso de la educación inclusiva (art. 24) o en políticas de empleo, donde parece que prima el asistencialismo y la respuesta segregada”.

En esta línea, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha llamado en diversas ocasiones la atención a España por sus déficits en la aplicación efectiva de la Convención, especialmente en ámbitos clave como la educación inclusiva y el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Estas observaciones ponen de manifiesto la necesidad de acelerar las reformas y garantizar que los derechos reconocidos se traduzcan en realidades concretas para las personas con discapacidad.

Otro de los puntos en los que nuestro país no cumple con los requerimientos de la Convención es el mantenimiento de una legislación discriminatoria por discapacidad en la regulación del aborto, señala Matía, quien destaca que “todavía la filosofía y fines de la Convención siguen estando muy por encima de nuestros hechos y pasos adelante”.

En resumen, de acuerdo con la visión de nuestros compañeros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el 20.º aniversario de la Convención nos recuerda que aún hay mucho trabajo por hacer y que el cumplimiento de la misma sigue siendo “desigual e inacabado”.