La garantía del cumplimiento de los derechos de las personas con síndrome de Down es uno de los asuntos clave para nuestra Federación. Por ello, y con el objetivo de defender los derechos de las personas de nuestro colectivo, en DOWN ESPAÑA trabajamos con numerosos colegios profesionales y expertos en la legislación relativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para conocer y ofrecer información veraz y actualizada y reivindicar, en caso necesario, las modificaciones normativas correspondientes.

Hoy, entrevistamos a la fiscal adscrita a la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, Avelina Alía, en relación al informe que ha publicado sobre la “Victimización e infradenuncia en personas con discapacidad: la invisibilidad causada por la falta de datos”.

El documento señala que en España sigue existiendo una gran invisibilidad estadística sobre la victimización de las personas con discapacidad, lo que impide conocer bien la magnitud del problema y diseñar políticas públicas eficaces. Además, indica que esta falta de datos afecta especialmente a las personas con discapacidad intelectual.

Por ello, desde la Federación, reclamamos mejores sistemas de recogida de datos, indicadores específicos por tipo de discapacidad, más formación en el sistema judicial y apoyos especializados, especialmente psicológicos, para que las víctimas puedan ser escuchadas, protegidas y acompañadas adecuadamente.

–¿Cuáles son las claves que desvela este análisis?

Hablaríamos de tres ideas clave interrelacionadas entre sí:

La primera es que se constata la existencia de una invisibilidad estructural de los delitos que sufren las personas con discapacidad por falta de datos fiables. Además, las pocas cifras disponibles son fragmentarias y no reflejan la diversidad del colectivo, especialmente en función del tipo de discapacidad.

Esto incumple directamente el mandato del artículo 31 de la Convención y tiene una consecuencia real: no es posible conocer la verdadera dimensión del problema ni, en consecuencia, diseñar respuestas eficaces.

La segunda clave es que los datos examinados tanto a nivel nacional como internacional apuntan, sin excepción, a una sobrerrepresentación de las víctimas con discapacidad intelectual en las distintas tipologías delictivas. Es decir, estas personas sufren o tienen mayor riesgo de sufrir más delitos que el resto de la población.

La tercera es que también se detecta una tasa más elevada de infradenuncia en este colectivo, lo que significa que no solo sufren más delitos, sino que además denuncian menos.

Todo ello genera un círculo muy preocupante de invisibilidad, impunidad y desprotección que exige una respuesta urgente, estructural y basada en datos rigurosos.

-El artículo habla de la invisibilidad de las víctimas con discapacidad en referencia a varios tipos de delitos. ¿Por qué es especialmente grave esta falta de datos en el caso de las personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual?

La falta de datos en España impide conocer la realidad que está afectando a las personas con discapacidad en general como víctimas de delitos. Pero el artículo subraya la necesidad de que los estudios, los análisis estadísticos e informes distingan por tipos de discapacidad y atiendan a las diferentes tipologías delictivas.

A mi modo de ver, es importante señalar que los problemas y las necesidades no son homogéneos, sino que varían según se trate de una discapacidad física, sensorial, mental o intelectual. Por tanto, se deben considerar aquellos factores que inciden específicamente en las personas con discapacidad intelectual, como son las personas con síndrome de Down, para poder responder adecuadamente.

Por poner un ejemplo, actualmente no conocemos si en nuestro país las personas con discapacidad intelectual sufren más delitos de acoso que la población sin discapacidad y en qué proporción, en su caso. A pesar de ello, todo apunta a que es así, en base a algunos estudios nacionales e internacionales que se recogen en el trabajo.

– ¿Qué consecuencias pueden derivar de ello?

Las consecuencias son múltiples y de distinto signo, pero todas contribuyen a que no seamos capaces de conocer qué tipo de victimización están sufriendo las personas con síndrome de Down, es decir, respecto de qué delitos son especialmente vulnerables; o qué personas actúan como sus principales victimarios; ni qué entornos pueden ser los más comprometidos para ellas (digital, familiar, laboral…); o si afecta de distinta manera a mujeres, hombres o niños y niñas.

Por tanto, este desconocimiento impide conocer dónde hay que poner el foco y acertar con las estrategias que nos permitan conjurar posibles riesgos o peligros. Y esto implica que estamos dejando espacios para la revictimización y para la impunidad que, como sociedad, no podemos permitir. Además, las víctimas, pese a serlo, no recibirán los apoyos o servicios necesarios y especializados para superar el trauma que provoca haber sufrido un delito, lo que incidirá negativamente en su bienestar y en el de su entorno. La víctima necesita superar cuanto antes los daños que todo delito acarrea.

En definitiva, la falta de datos no es solo un problema estadístico: tiene un impacto directo en la protección real de los derechos y en la vida de las víctimas.

-El texto señala que muchas víctimas no denuncian. En el caso de las personas con síndrome de Down, ¿qué barreras pueden dificultar que cuenten lo que les ha ocurrido?

En el caso de las personas con síndrome de Down, y de las personas con discapacidad intelectual en general, el artículo explica que la infradenuncia —es decir, que no se decidan a denunciar,— se debe a una combinación de factores.

Las carencias en la educación afectivo‑sexual puede propiciar que no se reconozcan como víctimas de una agresión sexual. Las dificultades para entender o hacerse entender pueden disuadirles de acudir ante las autoridades a denunciar los hechos por miedo a no ser creídas. La normalización en su vida de conductas estigmatizantes no favorece que se vean como víctimas de un delito de odio o discriminación. La falta de conocimiento de sus derechos incidirá en que desistan de denunciar.

En el informe menciono otras causas que inciden en este fenómeno, partiendo de dos estudios: el del Vera Institute of Justice (2017) y del estudio de Liber (2023). Entre ellas destacan: la percepción de que el silencio es más seguro; el temor a consecuencias negativas, como mayor control o pérdida de autonomía; la desconfianza en el sistema de justicia y la percepción de que la denuncia no llevará a ninguna acción, entre otras.

-El artículo menciona que algunas personas pueden tener dificultades para reconocerse como víctimas, ¿Cómo se puede trabajar esta cuestión desde la prevención y la formación?

En mi opinión es muy importante proporcionar información y formar a las personas con síndrome de Down. Lógicamente, la formación debe estar adaptada a sus características individuales. Con ello se pretende que sean capaces, entre otras cosas, de: i) detectar a sus posibles victimarios; ii) identificar puntos seguros y espacios de confidencialidad donde poder contar lo sucedido; iii) ser conscientes de cuándo sufren o pueden sufrir un abuso, un maltrato o una discriminación; iv) conocer las consecuencias de su silencio; v) o, cómo denunciar. Y, atendiendo a determinadas tipologías delictivas de gran impacto para la persona, como pueden ser las agresiones sexuales, conviene subrayar la importancia de la educación afectivo-sexual adecuada y aprender a decir “no”.

Es, igualmente, necesaria la información y formación de las familias, educadores y profesionales para que sepan reconocer signos de alerta sobre una situación de riesgo o de un delito sufrido y poder ayudarles adecuadamente.

-En muchos casos, el agresor puede ser una persona conocida o alguien de quien la víctima depende. ¿Cómo afecta esa relación de dependencia a la posibilidad de denunciar?

Cuando la víctima depende de los cuidados del victimario, es muy difícil que denuncie por sí misma, sobre todo si no tiene otras personas de referencia. En ocasiones también sucede que sienten que “deben algo” a su cuidador y, por ello, no quieren hacer nada que pueda dañarles por un malentendido vínculo afectivo con él. También pueden sentir el miedo de ser institucionalizados ante las medidas penales que pudieran imponerse a la persona cuidadora.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, el círculo social de la persona con discapacidad es limitado y les cuesta mucho denunciar al que se finge amigo, por no sentir la soledad.

–¿Qué cambios necesita el sistema judicial respecto a los delitos sufridos por personas con discapacidad intelectual?

Es fundamental que se facilite el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, porque este actúa como presupuesto necesario para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En los últimos años se observa una preocupación creciente por parte de los profesionales, autoridades y funcionarios que intervienen en el sistema de justicia por atender y adaptarse a las necesidades de la persona con discapacidad.

Aunque el proceso es largo y queda mucho camino por recorrer, quiero reseñar los avances en sensibilización y las iniciativas en materia de formación para poder garantizar que las personas con discapacidad participen en la Administración de Justicia en condiciones de igualdad con los demás y puedan percibirla como lo que debe ser: el lugar donde se les haga justicia.

Actualmente, la policía y los tribunales cuentan con documentos que informan a las víctimas de sus derechos en lectura fácil o se procura que sus declaraciones se hagan en espacios adaptados para que puedan sentirse más seguras. Es decir, se ha tomado conciencia de las barreras que supone para las víctimas con discapacidad intelectual desenvolverse en un entorno judicial y se están implementando ajustes, adaptaciones para hacer que su paso por ella no implique una victimización añadida a la que el delito en sí mismo provoca.

En la web de DOWN ESPAÑA, puedes encontrar documentos prácticos para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, como la ‘Guía contra la violencia machista‘, disponible haciendo click aquí, o la ‘Guía salud y sexualidad son tus derechos‘, aquí.