El portavoz adjunto en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del grupo parlamentario de CiU, Jordi Jané, y la portavoz de Discapacidad de esta misma organización política, Concepció Tarruella, han confirmado al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) el apoyo de su formación a la demanda del sector de la discapacidad de modificar la Ley Orgánica Electoral General para suprimir cualquier restricción del derecho de voto por motivos de discapacidad. CiU confirma su respaldo, y promoverá iniciativas parlamentarias para llevar este asunto a la agenda política y legislativa del Congreso.
 
La reforma de la Ley Orgánica Electoral General es una demanda de las entidades del sector de la discapacidad, que suman fuerzas al amparo del CERMI para pedir a las fuerzas políticas con presencia parlamentaria que asuman esta reivindicación.

Meses pasados, el CERMI se dirigió a los portavoces parlamentarios de la Comisión Constitucional del Congreso con una propuesta de reforma de la legislación electoral española vigente, que permite la posibilidad de que los jueces priven del derecho de voto a determinadas personas con discapacidad.
 
Contraria a la Convención

DOWN ESPAÑA recuerda que la actual regulación es contraria a la Convención Internacional de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad, que establece en su artículo 29 sobre Participación en la vida política y pública, la obligación de los Estados Partes de «asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas». Resulta urgente la modificación de la Ley Electoral para desterrar esta discriminación por razón de discapacidad.

Se da la circunstancia agravante de que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su informe sobre España de septiembre de 2011, instó a nuestro país a cambiar su legislación electoral por vulnerar el derecho a la participación política en plenitud de las personas con discapacidad.