En opinión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad «a pesar de las demandas del movimiento social de la discapacidad a lo largo de la tramitación de la normativa, la ley finalmente aprobada por el Parlamento entra en conflictola LOMCE entra en conflicto claro con los mandatos de educación inclusiva contenidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas«. Una valoración que coincide con la expresada con anterioridad por DOWN ESPAÑA a través de su presidente, José Fabián Cámara.

Concretamente, y como recogen los argumentos presentados en la Oficina del Defensor del Pueblo, «la LOMCE no ha terminado con la segregación educativa por razón de discapacidad, que supone la existencia de unas estructuras de educación especial, distintas a las generales del sistema educativo, en las que se obliga a escolarizar a un parte del alumnado con discapacidad. Y esta segregación educativa por motivos de discapacidad es discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales asumidas por España?.

Además, El CERMI recuerda que la LOMCE tampoco ha suprimido la potestad que la legislación vigente concede a las administraciones educativas. Éstas, en última instancia, deciden sobre la modalidad de escolarización (ordinaria o especial) del alumnado con discapacidad, «contraviniendo así la libertad de elección que la Convención de la ONU garantiza a toda persona con discapacidad».

Por todo ello, el CERMI ha solicitado a Soledad Becerril que haga suyas las consideraciones aportadas y plantee recurso de inconstitucionalidad contra la Ley.