Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.

Esta recomendación es consecuencia de la petición de recurso ante el Tribunal Constitucional formulada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

A pesar de que Becerril no ha presentado recurso de inconstitucionalidad ante el Alto Tribunal, considera necesario formular esta recomendación «para que se garantice normativa y presupuestariamente la educación inclusiva del alumnado con discapacidad en el desarrollo y la aplicación de la ley».

«La escolarización en centros ordinarios debería ser la norma»

La Defensora del Pueblo recuerda que el derecho a la educación de los niños con discapacidad se basa en los principios de inclusión y no segregación, con una escolarización normalizada y con los apoyos educativos necesarios en centros ordinarios.

«La escolarización en centros ordinarios debería ser la norma, mientras que la escolarización forzada de alumnos con discapacidad en centros de educación especial debería tener carácter excepcional», señala Becerril.

A juicio de la institución, es necesario dotar a los centros ordinarios con los medios personales y materiales para la escolarización de alumnos con necesidades educativas específicas para que su escolarización sea posible en condiciones de igualdad.

Además, ve preciso facilitar a los padres o tutores de los alumnos una participación activa, completa y directa en las decisiones de escolarización que se adopten. También insta a establecer mecanismos ágiles y eficaces de reclamación y recurso en el caso de los padres o tutores no estén conformes con las decisiones de las administraciones educativas.

Demandas del movimiento asociativo

Como se puede leer en esta noticia, el CERMI había pedido al Defensor del Pueblo que plantee recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE, por considerar que «no garantiza la educación inclusiva con apoyos del alumnado con discapacidad».

En opinión del CERMI «la LOMCE no ha dado cumplimiento al bloque de constitucionalidad que se deriva de la ratificación por España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad«.