Víctor Díaz junto a su hermana y su madre, Marisa Rodríguez (Foto: Las Provincias).

Víctor Díaz, un joven de Gandia de 25 años con discapacidad intelectual, ejercerá su derecho al sufragio en las próximas elecciones europeas del 25 de mayo: «estaba enfadado porque creía que no me iban a permitir votar en las próximas elecciones, pero al final sí podré». Víctor, de 25 años, ha tenido que reclamar ante la justicia un derecho que puede ejercer cualquier ciudadano.

La historia de la familia de Víctor con los tribunales viene de lejos. Su madre, Marisa Rodríguez, inició hace años los trámites para que el joven obtuviera la incapacitación legal, con «el fin de evitarle problemas futuros» y añadió que lo más duro es tener que batallar con la administración, no tener un hijo con discapacidad intelectual.

La madre obtuvo el certificado en enero de 2013 en los Juzgados de Gandia, pero no quedó conforme con la totalidad del documento, como ella misma relató ayer. «Yo quería proteger a mi hijo. Que si el día de mañana tiene patrimonio o dinero, no lo pierda. Pero mi intención no era que perdiera derechos civiles».

La sentencia que incapacitó legalmente al joven le quitó también algunos derechos, entre ellos el de sufragio. Hasta que conoció su incapacitación, Víctor votó en todos los comicios que se han celebrado y no quería perder ese derecho.
Por ello, su madre decidió emprender una lucha que acaba de terminar, y recurrió el primer fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Rodríguez relató que no dudó en recurrir la primera sentencia para que se reconociera un «derecho de su hijo».

Lo indica la Convención

La madre de Víctor dijo que no hizo esta petición de forma arbitraria, sino que se basaba en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este texto de la ONU, se afirma que «la incapacitación de una persona no le impide ejercer sus derechos civiles«.

La madre sabe bien que España se adhirió a esta resolución en 2008, pero que el Estado no la aplica a sus leyes. Por todo ello, Marisa decidió mantener su lucha por los derechos del joven y recurrir la sentencia. Y así, la sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia acaba de reconocer el derecho de sufragio a Víctor.

La incapacitación

La postura de DOWN ESPAÑA ante esta figura es clara: la Federación recomienda a las familias que no opten por la incapacitación jurídica y que en caso de que sea absolutamente necesario, acudan primero al fiscal especializado en discapacidad que corresponda a la jurisdicción de su ciudad o provincia, para que pueda analizar el caso particularmente, orientarles y proponer el procedimiento más adecuado antes de iniciar cualquier trámite.

Se trata de una recomendación que, además de en otras ocasiones, el presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, ha mencionado recientemente en esta entrevista.