En la segunda jornada de esta 25ª edición de nuestro Encuentro Nacional de Familias, la fiscal adscrita a la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores, Avelina Alía, ha participado junto a los abogados, Javier Sagardoy y Sara López en una mesa redonda para aclarar dudas a las familias de personas con síndrome de Down sobre la figura del Patrimonio Protegido.

Para comenzar esta sesión, Sargadoy ha explicado algunos conceptos básicos sobre la fiscalidad para la persona con discapacidad: impuestos, deducciones,…Una vez aclarados, la fiscal Alía ha iniciado su ponencia explicando la figura del Patrimonio Protegido, «una solución para la protección económica de las personas con discapacidad compuesta por bienes y derechos con la finalidad de alcanzar la satisfacción de las necesidades de la vida diaria de la persona con discapacidad”.

Este instrumento jurídico genera cierta incertidumbre en las familias de personas con discapacidad y sus ventajas no están suficientemente aprovechadas por muchas de ellas, en opinión de la fiscal. Por ello, además de explicar las claves del Patrimonio Protegido, Alía ha detallado los cambios que existen actualmente en torno a esta figura: “La Ley 8/2021, conocida como Ley de Apoyos, que ha suprimido la antigua incapacitación legal y el tradicional régimen de tutela, también ha introducido cambios en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, que regula los patrimonios protegidos”.

“Algunos de estos cambios, tienen impacto en los patrimonios protegidos ya constituidos, especialmente, en lo relativo a la presentación de cuentas anuales ante la fiscalía, de la que antes estaban exentos expresamente los padres”, ha señalado la experta.

Esto implica que, en principio, habría una obligación de rendición de cuentas todos los años ante la fiscalía por parte de los progenitores que administran el patrimonio protegido, “si bien se propone una interpretación más acorde con los principios de la Ley 8/2021 en las que caben rendiciones periódicas (no anuales), e incluso la exoneración de dicha obligación”, ha apuntado Alía.

“A partir de ahora, las personas con discapacidad intelectual podrán asumir un nuevo papel respecto a su Patrimonio Protegido, aunque no sean las administradoras de este, a fin de reforzar su intervención y el control sobre sus propios asuntos económicos, como dispone el art. 12.5 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad”, ha comentado Alía.

Durante la mesa redonda, los expertos han comentado la necesidad de una reforma normativa que clarifique aquellos aspectos que la reforma del año 2021 no ha dejado adecuadamente resueltos, entre ellos: la aceptación del cargo de administrador del patrimonio protegido, los supuestos en que se precisa, o no, de autorización judicial para disponer de ciertos bienes o derechos del patrimonio protegido o la extinción de este por consumo de los bienes que lo conforman”.

En esta línea, según ha señalado Alía, la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado presentó el pasado mes de febrero de 2025 una propuesta de reforma ante la Comisión de Protección Patrimonial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y “actualmente, se está ultimando una circular sobre esta materia para todas las fiscalías de nuestro país”, ha indicado la fiscal.

Antes de finalizar esta sesión tan práctica, la abogada Sara López ha comentado algunas de las diferencias que existen entre las diferentes comunidades en referencia a los asuntos legales que puedan afectar a las familias con hijos o hijas con discapacidad intelectual. Además, la experta ha compartido multitud de ejemplos reales que han aclarado muchas cuestiones que han expuesto las familias asistentes a esta charla.

Próximamente, compartiremos aquí las presentaciones de los ponentes.

Más información y vídeo explicativos sobre el Patrimonio Protegido en este enlace: https://www.sindromedown.org/patrimonio-protegido-de-personas-con-sindrome-de-down-resuelve-tus-dudas-con-down-espana-y-fundacion-aequitas/