La Comisión, presidida por la Ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, está integrada por seis miembros de la citada cartera y otros seis del CERMI.

En su primera reunión celebrada ayer, miércoles día 4, el presidente del CERMI, Luís Cayo, apostó por «elevar la infracción a grave cuando una empresa no cumpla la cuota [de puestos laborales reservados para personas con discapacidad], impulsar el papel de la inspección de trabajo o elevar dicha cuota en la administración pública al 7%».

«El 2% que ganaríamos [actualmente la cuota es del 5%] lo reservaríamos a personas con discapacidad intelectual porque no están en igualdad de condiciones al enfrentarse a un examen o una prueba de trabajo«, agregó el presidente del CERMI.

La Comisión también se encargará de estudiar las modificaciones legales necesarias para ajustar el ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

También abordará aspectos como la educación inclusiva que, según Cabrera, «es un tema decisivo» para permitir a las personas con discapacidad «tener el mayor nivel de educación y formación» y abrir así «todos sus caminos personales y profesionales como cualquier otro ciudadano».

Luís Cayo destacó que ésta es la primera vez que se constituye una mesa de diálogo «para discutir la agenda política de la discapacidad».