El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha planteado diversas propuestas al Ministerio de Educación para que la reforma de la Ley Orgánica de Educación incorpore el modelo de inclusión educativa para personas con discapacidad exigido por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad Naciones Unidas.

Pese a ello, el texto ministerial no va a modificar los aspectos relacionados con el alumnado con discapacidad, por lo que se desperdicia una oportunidad histórica para que España cumpla con sus compromisos internacionales en el ámbito de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La Convención impone a los Estados que los sistemas educativos sean inclusivos, lo que significa entre otras cuestiones que no son compatibles aquellos modelos que segreguen al alumnado con discapacidad a través de modalidades específicas o separadas de enseñanza.

España no cumple con este mandato, ya que en la actualidad al menos un 20% del alumnado con discapacidad está escolarizado en modalidades de educación especial, que según la Convención no son acordes con el principio de educación inclusiva, que es el único aceptable desde una perspectiva de derechos.

Otro de los aspectos que el CERMI propone modificar es que mientras se mantenga esta inadecuación con dos modalidades educativas (ordinaria y especial) la elección sobre la adscripción del alumno con discapacidad recaiga sobre sus progenitores o representantes legales, y no sobre los administración educativa, como mantiene nuestra legislación. Esto supone una vulneración grave del derecho a la libre opción que consagra la Convención a toda persona con discapacidad.