Las comunidades que suspenden en el tratamiento de la dependencia son Valencia, Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, Navarra y Cataluña, por lo que el Observatorio concluye que «sólo» Castilla y León, con una nota del 9,6, y País Vasco, con un 8,3, «destacan» en la aplicación de la Ley.

A la hora de realizar la escala de valoración del desarrollo de la Ley, el Observatorio tiene diferentes variables como las personas atendidas sobre el total de población; las solicitudes sobre el total de población; los dictámenes; las personas pendientes de prestación de servicio; el equilibrio entre las prestaciones y los servicios; el incremento de personas atendidas en los últimos doce meses; o la aportación de cada comunidad, entre otras.

El informe aclara que siete comunidades mantienen la misma puntuación que hace seis meses; concretamente se trata de Castilla y León (9,6), País Vasco (8,3), La Rioja (6,3), Castilla-La Mancha (5,4), Extremadura (5,4), Murcia (5), Asturias (3,8); mientras que bajan seis, Cantabria (de 6,3 a 5,4), Andalucía (de 5,8 a 5,4), Cataluña (de 5,4 a 4,6), Navarra (de 5 a 4,6), Galicia (de 5 a 3,8), Aragón (de 3,8 a 3,3).

Por contra, la nota crece en cinco comunidades autónomas aunque ninguna de ellas obtiene el aprobado. Aún así, la puntuación crece en Madrid, de 4,2 a 4,6; Baleares, de 2,9 a 3,3; Ceuta y Melilla, de 1,3 a 1,7; Canarias, de 0,8 a 1,3 y Comunidad Valencia, de 0,4 a 1,3.

Estos datos conducen al Observatorio a asegurar que «se mantiene invariable el empecinamiento» de algunas comunidades autónomas en no aplicar las prestaciones y servicios que la Ley contempla, lo que pone a sus ciudadanos «en una situación de desprotección». Las comunidades con calificación muy deficiente son Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares, Aragón, Ceuta y Melilla.

Asimismo, el informe, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se refiere a los «graves desequilibrio» que existe entre los territorios y a cómo se aprecia «la voluntad de los gestores autonómicos» por atender mejor las necesidades de las personas dependientes de su ámbito.