La Federación DOWN ESPAÑA, que representa a las más de 34.000 personas con síndrome de Down que viven en nuestro país, muestra su satisfacción por las declaraciones realizadas el domingo 22 de julio por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón en el diario La Razón en las que afirma, refiriéndose a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que «el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos. Es éticamente inconcebible haber estado conviviendo con la actual legislación sobre el aborto.»

Sin embargo y hasta que la propuesta de ley no se concrete, la Federación se muestra cautelosa ante la posibilidad de que la discriminación por discapacidad esté presente de forma indirecta en los redactados de la misma. 

CAUTELA ANTE DIVERSAS INFORMACIONES PUBLICADAS

Un artículo publicado el miércoles 25 en el diario El Mundo recoje que la única causa para abortar «será el daño psíquico de la madre».  Es decir, que, según lo que publica El Mundo, «ya no será la enfermedad o discapacidad del feto la que sostenga la decisión del aborto, sino el impacto psicológico que provoque en su gestante».

DOWN ESPAÑA, que ha reivindicado en múltiples ocasiones a los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy desde el año 2010, un cambio en la regulación del aborto para que no sea discriminatorio hacia las personas con síndrome de Down, considera que, de trasladarse las intenciones del ministro a la nueva ley, se logrará un verdadero cambio social ya que, por primera vez, se posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones.

Tal y como se reconoce en el Art.10 «Derecho a la vida» de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, «los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás?.

El cambio en la legislación ya fue solicitado en un informe por el Comité de Seguimiento de la Convención en el que pedía al Estado Parte (España) que suprimiese «la distinción hecha en la Ley Nº 2/2010 del 3 de marzo de 2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente».

La actual regulación permite el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso graves anomalías en el feto, supuesto que posibilita el aborto de las personas con discapacidad, y no otorga el mismo valor a la vida de éstas que a las de aquellas sin discapacidad. Según el ministro, con la nueva legislación, se volverá a un sistema de supuestos «que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos«.