Laura Abadía: «Llamar segregación a la segregación»
Laura Abadía, presidenta de Segundo Maestro y REDIN (organizaciones que trabajan para defender el derecho a una educación de calidad para las personas con discapacidad), reflexiona en este artículo sobre la segregación en las aulas de los niños con discapacidad.
LLAMAR SEGRAGACIÓN A LA SEGREGACIÓN
Hay quien compara los centros de educación especial con la antigua separación de niñas y niños, o de alumnado blanco y negro, que se dieron en el pasado para señalar que aquellas separaciones respondían a prejuicios, mientras que la actualmente llamada educación especial respondería a «necesidades educativas reales».
El problema es que la historia dice justo lo contrario. Aquellas separaciones también se defendieron en nombre de necesidades distintas y el argumento que hoy se emplea para el alumnado con discapacidad es, punto por punto, el mismo que se empleó entonces.
Naturalezas distintas, destinos distintos
En 1762 Jean-Jacques Rousseau publicó Emilio o De la educación. Allí defendía que hombre y mujer tenían naturalezas distintas y que, por tanto, debían recibir educaciones distintas.
Emilio tenía derecho al libre desarrollo de su naturaleza. Sofía, no: su formación debía orientarse a servir, a agradar y a la función doméstica. Nadie decía entonces que las niñas se separaban por prejuicio. Se decía que se separaban porque necesitaban otra cosa.
Esa supuesta necesidad fue la base de la escuela de niñas en España durante más de un siglo, desde la Ley Moyano de 1857 hasta la Ley General de Educación de 1970.
El razonamiento de algunas personas que defienden la educación segregada o especial reproduce esa estructura, que parte de que las personas con y sin discapacidad tienen una naturaleza distinta.
A las segundas se les reconoce el derecho a desarrollarse en la escuela común. A las primeras se les asigna un lugar aparte, definido no por su voluntad ni por sus capacidades, sino por lo que otros han decidido que «necesitan».
Es la misma operación de Rousseau, con otra categoría. La diferencia entre una necesidad real y una construcción social no la decide quien separa.
Las niñas del siglo XIX también tenían, según sus educadores, necesidades educativas «reales» y «evidentes».
Un solo bloque, un currículo aparte
Hay un segundo parecido. Rousseau no hablaba de mujeres concretas, sino de «la mujer» y esas personas que apoyan la segregación del alumnado con discapacidad hacen lo mismo con la discapacidad.
Aunque se habla de alumnado con grandes necesidades de apoyo, su frontera es binaria: de un lado, el alumnado sin discapacidad; del otro, un colectivo al que se atribuyen necesidades comunes y distintas.
Pero entre las personas con discapacidad hay necesidades, capacidades, objetivos y deseos tan diversos como entre cualquier otro grupo humano. Tratar la discapacidad como un paquete homogéneo no describe a nadie.
Es, precisamente, una construcción social que tiene consecuencias materiales. En la escuela de niñas, la necesidad atribuida se tradujo en un currículo propio: menos materias, más labores, la «economía doméstica» como horizonte.
En los centros de educación especial ocurre algo análogo: un currículo distinto, diseñado para responder a la categoría y no a cada alumna o alumno. Un currículo así no responde a la necesidad real de cada estudiante, sino a lo que se ha decidido de antemano que ese estudiante puede llegar a ser.
No es un mito
La segregación no es una opinión ni un eslogan, es un concepto definido en normas que España ha ratificado o aprobado.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, define la discriminación por motivos de discapacidad como «cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales».
Lo determinante no es la intención de quien separa, sino el efecto. La Observación General n.º 4 del Comité de Naciones Unidas, que interpreta el derecho a la educación inclusiva, distingue cuatro situaciones: exclusión, segregación, integración e inclusión.
Hay segregación cuando la educación del alumnado con discapacidad se imparte en entornos separados, diseñados o utilizados para responder a una o varias deficiencias, aparte del alumnado sin discapacidad. Es la descripción exacta de un centro de educación especial.
El Comité añade que el derecho a no ser discriminado incluye el derecho a no ser segregado y que, mantener dos sistemas, uno ordinario y otro especial, no es compatible con la Convención.
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, lo traslada a nuestro derecho. Su artículo 6.8 entiende por segregación escolar «toda práctica, acción u omisión que tiene el efecto de separar al alumnado por motivos socioeconómicos o sobre la base de cualquiera de los motivos enumerados en el artículo 2.1 de la presente ley sin una justificación objetiva y razonable».
Entre esos motivos están, en la misma línea, el sexo, el origen racial o étnico y la discapacidad. pág. 2. Las tres normas coinciden en lo esencial: la segregación se define por el hecho de separar, no por las buenas intenciones de quien lo hace y la ley no distingue entre segregaciones aceptables e inaceptables según el colectivo: sexo, origen y discapacidad figuran en la misma lista.
Por qué incomoda la palabra
Segregar es separar a personas por una condición.
Se puede segregar por sexo, por origen, por lengua o por discapacidad. Si eso es bueno o malo es otro debate, pero que un centro de educación especial segrega es una descripción técnica, no una acusación.
Por eso, llama la atención el empeño en negar el nombre. Quien está convencido de defender algo justo no necesita rebautizarlo.
Cuando la defensa de la educación especial empieza por decir que la segregación no es segregación, revela que la palabra pesa. Y pesa porque sabemos lo que significó cada vez que se aplicó a otros colectivos. Si se defiende la segregación, habría que hacerlo con todas sus consecuencias.
El argumento de que separar permite concentrar recursos y atender mejor necesidades específicas serviría para separar al alumnado por lengua materna, por origen o por nivel socioeconómico: seguro que alguna agrupación resultaría más «eficiente».
Si rechazamos esas separaciones, y la ley las rechaza, no es porque no puedan presentarse como eficaces. Es porque partimos de que todas esas personas tienen los mismos derechos.
Habría que preguntarse por qué ese principio deja de valer cuando hablamos de discapacidad.
La carretera equivocada
Muchas veces he oído la metáfora de que si se toma la carretera equivocada, más combustible solo lleva más lejos en la dirección incorrecta. Estoy de acuerdo.
Y así, es. Durante más de un siglo, este país invirtió en escuelas de niñas, en maestras y en currículos de labores convencido de que atendía necesidades reales. Era la carretera equivocada y ningún recurso la convirtió en la correcta.
La inclusión no consiste en poner a todo el mundo en el mismo sitio sin apoyos. Consiste en que la escuela común se transforme para que cada alumna y cada alumno, con o sin discapacidad, tenga allí los apoyos que necesita; y eso no es un dogma. Es lo que exigen la Convención, el Comité de Naciones Unidas y nuestra propia ley.
Y para llegar a eso se empieza por algo tan sencillo como llamar a las cosas por su nombre.
Laura Abadía Benito Presidenta de Segundo Maestro y REDIN
Fuentes:
• Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE), arts. 2.1, 6.8 y 13.4
• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 2
• Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General n.º 4 (2016), párrs. 11, 13 y 39
• Ballarín, «La escuela de niñas en el siglo XIX» (2007) • Ballarín, «Historia de la coeducación»










































































