En 2012, 75 entidades no lucrativas solicitaron a través de una carta al Presidente del Gobierno la aprobación de un Plan de Derechos Humanos que mejorase al anterior.

El apoyo a la petición contó con la unanimidad de un amplio y variado espectro representativo de las entidades de la sociedad civil del país, tanto de derechos humanos como de cooperación o entidades sociales. En la solicitud se instaba al gobierno a que el nuevo Plan mantuviera los derechos humanos en un lugar prioritario, y garantizase la aplicación de una serie de medidas concretas, tanto en política interior como exterior, así como indicadores medibles y objetivos claros.

En 2013 el Gobierno encargó a un grupo de expertos realizó un diagnóstico sobre el primer plan y la situación de derechos humanos en el país. El diagnóstico estuvo listo en julio. Sin embargo, parece que su publicación no se producirá. Debido a ello, el director de este Comité Técnico, Fernando Rey, ha decidido renunciar, haciendo inviable el desarrollo del segundo plan.

Ahora, a través de esta nueva carta, 106 organizaciones (entre las que se encuentra DOWN ESPAÑA) instan al Gobierno a que profundice en una evaluación completa sobre la implantación, cumplimiento y desarrollo de las medidas contenidas en el Plan de Derechos Humanos, aprobado en Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2008, dando cuenta a esta Cámara de los resultados concretos de dicha evaluación e implementando a continuación una estrategia con medidas concretas en política exterior e interior para la promoción y protección de los Derechos Humanos, a fin de cumplimentar el compromiso internacional adquirido por España a través de la Declaración Final de la Conferencia de Viena de 1993.

DOWN ESPAÑA quiere recordar la importancia de que las políticas y medidas sociales que acometa el ejecutivo de Mariano Rajoy se ajusten tanto a un nuevo Plan de Derechos Humanos como al marco de derechos que reconoce la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. DOWN ESPAÑA desea que se tomen como hoja de ruta y que sirvan de referencia para desarrollar las acciones de inclusión social, vigilando el cumplimiento de los objetivos relacionados con el mercado laboral, la educación, la pobreza o la exclusión social a la que pueden verse abocadas las personas con discapacidad.