La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) establece que las empresas públicas o privadas que cuenten con más de 50 trabajadores en plantilla deberán contratar a un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2%. Se trata de una ley que fue promulgada en 1982, pero que hasta ahora no contemplaba su cumplimiento en el caso de concursos públicos.

Pero con la entrada en vigor de la nueva Ley 26/2011 de adaptación normativa se ha conseguido modificar la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se podrá exigir a las empresas que opten a concursos públicos a que cumplan con la obligación de reservar un 2% de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Tratándose de una de las principales modificaciones que el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable venía reclamando desde hace tiempo, la petición ha sido satisfecha sólo en parte, pues a partir de ahora, en los concursos públicos, se ponderará añadir una cláusula que obligue a los licitadores a aportar un certificado del número global de trabajadores en plantilla y el número particular con discapacidad que forman parte de la misma.